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En la capital ecuatoriana, un tribunal de justicia impuso una sentencia de 19 años de privación de libertad a un ciudadano extranjero por el delito de tenencia y porte de armas de uso privativo de la Policía Nacional, considerado un ilícito grave bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El procesado, identificado como Jonaike José M. S., de 45 años, fue encontrado en posesión de un revólver con la leyenda “Servir y Proteger”, característico de las armas de dotación oficial, cuyo número de serie había sido alterado con herramientas como una lima para ocultar su procedencia.
Hechos y detención
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de febrero de 2025, cuando una alerta del ECU-911 reportó un vehículo aparentemente abandonado en el sector de La Ferroviaria. Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron a un hombre en evidente estado etílico dentro del carro quien, según su versión, había sido víctima de una amenaza con arma de fuego.
Sin embargo, al intentar requisarlo y tras una persecución policial, el sospechoso sacó un arma y la apuntó contra los uniformados, lo cual fue interpretado como un acto de resistencia. La Policía logró neutralizarlo y aprehenderlo, incautando el arma de fuego con características propias de armamento institucional.
Juicio y sentencia
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado presentó testimonios de agentes aprehensores y peritos, además de pruebas técnicas como la experticia de revenido químico que confirmó el arma como de dotación oficial con serie alterada.
El tribunal aplicó el artículo 360.1 del COIP, que establece penas de 19 a 22 años de prisión para quienes porten armas de uso exclusivo de la Policía o Fuerzas Armadas sin autorización, dada la gravedad del hecho y el potencial peligro para la seguridad pública.
Además de la condena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una reparación económica equivalente a 600 salarios básicos unificados ante la administración de justicia. Una vez cumplida la pena, se ordenó su expulsión definitiva del país, con prohibición expresa de retorno.
Esta decisión judicial subraya el rigor con el que las autoridades ecuatorianas tratan los delitos relacionados con armas de uso institucional, especialmente cuando se detecta alteración de seriales y riesgo directo contra la integridad de agentes del orden y la comunidad.
