El proceso de adquisición de un lote municipal de 93 hectáreas en el cantón La Libertad mantiene en alerta a autoridades y ciudadanía, debido a una serie de cuestionamientos sobre el valor del terreno, la agilidad del trámite y el perfil económico de la compradora. El caso podría derivar en una denuncia penal.
La venta directa del predio fue aprobada el pasado 18 de diciembre por el Concejo Cantonal de La Libertad, con cuatro votos a favor y tres en contra. La operación contemplaba inicialmente una transacción por aproximadamente $2,7 millones a nombre de Jenny R., una joven de 24 años.
El terreno se encuentra ubicado en el paso lateral que conecta La Libertad con Salinas, en las inmediaciones de la represa Velasco Ibarra, en una zona estratégica para el desarrollo urbano y turístico. El sector permite un rápido acceso desde Santa Elena hacia Salinas y se encuentra a pocos minutos de Punta Carnero, Paseo Shopping La Península y el aeropuerto General Ulpiano Páez. La vía fue inaugurada a finales de 2024 y, aunque aún no presenta proyectos inmobiliarios consolidados, es considerada de alto potencial.
El concejal Bruno Dedé ha sido uno de los principales críticos del proceso. Desde octubre pasado levantó alertas por presuntas irregularidades, especialmente por el avalúo del terreno, fijado mediante ordenanza en $2,94 por metro cuadrado, cuando predios cercanos alcanzan valores de hasta $9 por metro cuadrado.
“¿Por qué $2,94 para este terreno y por qué del otro lado de la vía, en manzanas ya habitadas, el valor es casi $9?”, cuestionó el edil durante una sesión de Concejo.
En respuesta, el alcalde Francisco Tamariz defendió el precio aprobado y presentó comparativos de avalúos de otras zonas, señalando valores aún menores en sectores de Salinas y zonas rurales de Santa Elena. No obstante, Dedé insistió en que persisten dudas por la rapidez con la que se emitieron informes técnicos y jurídicos, así como por el cambio de uso de suelo, ya que en años anteriores se habían negado solicitudes para actividades agrícolas en el mismo predio.
Otro de los puntos que genera inquietud es el perfil de la compradora. Según el concejal, Jenny R. no registra un RUC activo, no pertenece al régimen RIMPE ni presenta una actividad económica que justifique una inversión de esa magnitud. Su único registro académico corresponde a un título universitario en Ciencias de la Educación Básica, obtenido en 2025.
“Esto genera cuestionamientos sobre el origen del dinero y la procedencia de los recursos de esta transacción”, sostuvo Dedé.
En días recientes, el edil presentó una nueva alerta ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al considerar la operación como inusual. Además, recordó que durante la aprobación del proyecto se ofreció que la compradora comparecería ante el Concejo, lo cual nunca ocurrió, pese a que la compraventa fue autorizada.
“Este ya no es un tema que tenga que responderle al concejal Bruno Dedé; ahora tendrá que responderle a todo un país”, afirmó.
Dedé adelantó que se prepara una denuncia para que la Fiscalía investigue la diferencia de valores entre terrenos de la misma zona y determine responsabilidades. Aclaró que, aunque no se haya realizado el desembolso, el Concejo ya expresó su voluntad mediante una resolución administrativa que dio paso a la venta.
Un día después, el jueves 8 de enero, Jenny R. presentó un oficio solicitando la rectificación parcial de la resolución y desistiendo de la compra. En el mismo documento pidió que el predio sea adjudicado directamente a la empresa que supuestamente financiaría el proyecto de agroturismo.
El edil explicó que, de confirmarse este desistimiento, el Concejo deberá volver a debatir el tema, previo informe jurídico, para dejar sin efecto la resolución.
Las dudas aumentaron luego de que la joven declarara en un medio de comunicación que su nombre habría sido suplantado y que sus documentos habrían sido robados, versión que, según Dedé, no consta en registros de denuncias formales ante la Fiscalía. Además, en la carta de desistimiento se reconoce que sí mantuvo una reunión con el alcalde, lo que contradice la hipótesis de suplantación.
“¿Quién presentó la solicitud? ¿Con quién se reunió el alcalde? ¿Hubo una tercera persona tramitando todo esto?”, cuestionó el concejal.
Por su parte, el alcalde Tamariz ha defendido la legalidad del proceso y aseguró que el proyecto traería una de las inversiones más grandes al cantón. Reconoció que mantuvo un diálogo con la joven cuando se manifestó el interés por el proyecto, pero evitó pronunciarse sobre detalles adicionales.
Desde la Alcaldía se informó que en los próximos días se prevé una entrevista o una rueda de prensa para abordar el tema.
Adicionalmente, el pasado 6 de enero, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) inició de oficio una acción de vigilancia contra el Municipio de La Libertad, por la emisión de actos administrativos “posiblemente contrarios al ordenamiento jurídico” relacionados con la presunta venta del predio municipal. La entidad recordó que toda decisión administrativa debe priorizar el interés colectivo y cumplir con los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
