La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió el archivo del proyecto de ley minero-energético que se tramita actualmente en la Asamblea Nacional, al considerar que la iniciativa vulnera derechos colectivos y debilita la protección de la naturaleza establecida en la Constitución.
El pronunciamiento fue difundido el 15 de febrero a través de la red social X por el presidente de la organización, Marlon Vargas, quien alertó que la normativa favorecería a grandes empresas extractivas por encima de los derechos de las comunidades y del medioambiente.
“El proyecto de ley minero-energético que impulsa el gobierno es un peligro para el país: reduce la consulta previa, reemplaza las licencias ambientales por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo”, señaló Vargas. Agregó que su aprobación debilitaría la capacidad del Estado para proteger la naturaleza, en un contexto donde ya existen ríos contaminados con mercurio y cianuro producto de actividades extractivas.
Desde la Conaie se ratificó que la organización defenderá “el agua que todos tomamos, la vida de nuestras comunidades y el cumplimiento de la Constitución”, por lo que insistió en archivar la propuesta y no profundizar un modelo extractivista que —según afirmó— ha generado contaminación y división social.
El estado del proyecto en la Asamblea
El pronunciamiento de la Conaie se produce luego de que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobara, el 12 de febrero, el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente.
El informe obtuvo seis votos a favor de legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de un aliado del Gobierno, mientras que asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y un legislador independiente votaron en contra.
Desde el correísmo se cuestionó que la propuesta sustituya la licencia ambiental por una autorización administrativa, lo que —advirtieron— abre la puerta a la discrecionalidad y pone en riesgo las fuentes hídricas. También criticaron que no se haya permitido la comparecencia de colectivos ambientalistas durante el trámite en comisión, por lo que pidieron el archivo del proyecto.
En contraste, el oficialismo defendió la iniciativa señalando que busca reactivar la inversión minera legal, fortalecer el control estatal y combatir la minería ilegal, además de optimizar la renta minera y modernizar la matriz energética. Legisladores de ADN aseguraron que la propuesta no desconoce los resultados de consultas populares y que estas no generarán derecho a indemnización si se realizan antes de la fase de explotación.
Con la aprobación del informe, el proyecto pasará a primer debate en el pleno de la Asamblea, previa convocatoria de su presidente, Niels Olsen.
