La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solicitó oficialmente al Gobierno nacional que declare emergencia ambiental en la provincia del Napo, ante la contaminación de ríos y territorios por actividades mineras que afectan fuentes de agua, biodiversidad y la salud de las comunidades locales en esa región amazónica.
La petición de la Conaie se produce luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía suspendiera las actividades mineras en Napo ante informes técnicos que detectaron contaminación por mercurio, metales pesados y cianuro en los ríos y ecosistemas de la provincia — una medida que la organización considera insuficiente para enfrentar la crisis ambiental.
Para la Conaie, la contaminación no es un hecho aislado, sino un problema estructural que ha ido en aumento con el crecimiento de la minería en la Amazonía desde 2007 y con mayor intensidad desde 2017, afectando más de 1.300 hectáreas de bosque y múltiples cuencas fluviales como Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Puni, Cotona y Arajuno, lo que compromete el acceso al agua y la salud de pueblos y nacionalidades indígenas.
Qué solicita la Conaie
En su comunicado, la Conaie propuso al Gobierno:
Declarar emergencia ambiental en Napo de forma urgente.
Remediar los ríos y territorios impactados por la minería.
Sancionar a los responsables de los daños ambientales.
Garantizar la participación de comunidades y nacionalidades indígenas en cualquier decisión vinculada con sus territorios.
Fortalecer mecanismos de control ambiental y espacios de diálogo vinculantes con los pueblos afectados.
Establecer plazos claros para la restauración de las cuencas afectadas y la reparación integral del daño ambiental.
Según la organización, “defender el agua es defender la vida de todos”, y se requiere una respuesta integral del Estado que combine control efectivo, remediación ambiental, justicia y participación social.
Relevancia política y ambiental
El pronunciamiento de la Conaie no solo se centra en la contaminación actual en Napo, sino también critica el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que, según la organización, podría flexibilizar controles ambientales y administrativos, poner en riesgo territorios y debilitar la protección de los recursos hídricos y derechos colectivos de las comunidades indígenas.
El contexto formal de la petición coincide con medidas ya adoptadas por el Ejecutivo para suspender actividades mineras ante el grave impacto ambiental en varios sectores del país.
