Una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y representantes de familiares de personas privadas de libertad (PPL) realizó hoy una visita a los pabellones 5 y 7 del mayor centro penitenciario del país, conocidos como los puntos más críticos del brote de tuberculosis y desnutrición dentro de la prisión. La diligencia forma parte del seguimiento a una providencia judicial que busca verificar las condiciones sanitarias, la atención médica y el acceso a alimentos de los internos.
Objetivos de la visita
La inspección in situ fue ordenada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador en cumplimiento de una sentencia de acción de protección emitida el 18 de febrero de 2026. El ingreso de la comisión busca recopilar evidencia y verificar directamente el estado de salud y atención de los reclusos, en particular en los pabellones identificados como focos de contagio por tuberculosis, enfermedad que se ha extendido por todo el centro penitenciario debido al hacinamiento y las condiciones deficientes de salubridad.
Protestas de familiares afuera del penal
Mientras la comisión realizaba la verificación dentro de la cárcel ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, decenas de familiares de PPL se concentraron en los exteriores con un plantón, exigiendo la entrega de alimentos y medicinas y la reanudación de las visitas presenciales, las cuales, según ellos, están suspendidas desde hace más de un año y cinco meses. Los manifestantes portaron pancartas con imágenes de reclusos que, denuncian, presentan signos de desnutrición, enfermedades cutáneas y deterioro físico.
Los familiares también corearon consignas como “ellos no están solos, sí tienen familia” y reclamaron que se atienda urgentemente la crisis humanitaria que afecta a los internos en ese centro penitenciario.
Crisis sanitaria en el centro penitenciario
La visita se da en un contexto de gravedad para el sistema carcelario ecuatoriano. Según datos oficiales, más de 2 600 personas privadas de libertad están contagiadas de tuberculosis en distintas cárceles del país, siendo la Penitenciaría del Litoral el principal foco de contagio e impacto de esta enfermedad. Estas cifras reflejan un problema sanitario grave agudizado por el hacinamiento y la falta de servicios adecuados de salud dentro del penal.
Organismos internacionales y comités de derechos humanos han advertido que la concentración de casos en el penal puede ser entre 10 y 100 veces mayor que en la población general, y han pedido atención prioritaria para evitar la expansión de la enfermedad y otras crisis de salud dentro del sistema penitenciario.
