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El grupo ambiental Napo Ama la Vida, conformado por organizaciones y comunidades afectadas, emitió un pronunciamiento en el que exige al Gobierno de Ecuador no solo la suspensión de actividades mineras en la provincia amazónica de Napo, sino también la aplicación de un estado de excepción focalizado para enfrentar de manera más efectiva la minería ilegal que habría contaminado ríos, bosques y territorios comunitarios.
La solicitud del colectivo se produce a raíz de la resolución 005 emitida el 2 de febrero por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), que suspendió total y temporalmente las actividades mineras en la provincia debido a la contaminación ambiental —incluyendo posibles efectos en la cuenca del río Napo— causada por minería no regulada.
Napo Ama la Vida sostiene que esta medida es insuficiente si se aplica con inspecciones solo cada 15 días, como establece la propia resolución ministerial. Según el colectivo, este tipo de controles “quincenales” permitirían a operadores ilegales reactivar clandestinamente la minería, trasladar material y reingresar maquinaria, lo que perpetúa el daño al medio ambiente y la salud de las comunidades locales.
Por ello, además de pedir el estado de excepción focalizado, el colectivo demanda al Gobierno:
Controles continuos y presencia permanente en territorio para supervisar la suspensión de actividades mineras.
Verificación diaria de cumplimiento de la medida y coordinación con la fuerza pública con metas claras.
Planes de remediación ambiental con cronogramas, indicadores, presupuesto y participación comunitaria.
Transparencia y publicación de los estudios técnicos oficiales que evidencian contaminación del agua y los ecosistemas.
El colectivo aclaró que su pedido de estado de excepción no busca “militarizar la vida comunitaria”, sino garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua limpia, la salud, un ambiente sano y la protección de la naturaleza frente al crimen ambiental que denuncian.
Desde el 2 de febrero de 2026, la actividad minera en Napo se encuentra paralizada por orden gubernamental, junto con las operaciones de las plantas de beneficio minero en las provincias de El Oro y Loja, como parte de una respuesta estatal a la contaminación ambiental atribuida a la minería ilegal en diversas cuencas hidrográficas.
Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también han pedido medidas como la declaración de emergencia ambiental en Napo por contaminación, señalando que la suspensión de actividades reconoce la presencia de mercurio, metales pesados y cianuro en ríos y ecosistemas amenazados.
El debate sobre cómo enfrentar la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana sigue abierto, con demandas sociales por mayor presencia estatal y medidas extraordinarias, mientras comunidades y colectivos insisten en que la situación ambiental y de derechos humanos exige acciones más firmes por parte del Estado.
