Cinco nuevos vinculados por delincuencia organizada en el caso de extorsión desde un call center en Quito

Cuatro personas naturales y una jurídica fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado al proceso penal que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión.

Los cinco nuevos implicados también habrían sido parte de la red criminal que operaba bajo la fachada de call center de la empresa LKL CALL S. A. S., desde donde se ejecutaban extorsiones a ciudadanos en Ecuador y México.

En la diligencia realizada el 5 de agosto, en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía presentó más de 40 elementos de convicción. Esto posibilitó que el Juez Anticorrupción que conoció la causa dispusiera prisión preventiva para las personas naturales.

El Magistrado también ordenó oficiar a la Superintendencia de Compañías que proceda con la clausura provisional y la suspensión temporal de la empresa LKL CALL S. A. S.

Empresa constituida en enero de 2023, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas relacionadas con extorsión y amenazas.

Fue allanada por Fiscalía y Policía en junio de 2025. Su dirección operativa no coincidía con la registrada oficialmente.

Representante legal y gerente general de la empresa. Salió del país luego de haber sido notificada por Fiscalía y tiene orden de captura vigente.

También fue representante legal y gerente general, posee el 100 % de las acciones de la empresa. Registra movimientos bancarios con Emily Daniela J. T. y con cuentas de LKL CALL S. A. S.

Contador, reveló que la empresa facturaba mensualmente entre USD 5 000 y USD 67 000, provenientes de cuentas de México y Ecuador. Afirmó que más del 80 % del personal (100 personas) no tenía contrato ni afiliación al IESS, y que los sueldos se pagaban con fondos del exterior.

Fiscalía recordó que la omisión de denunciar este tipo de hechos también constituye delito, según el artículo 277 del COIP.

Técnico de sistemas y luego supervisor, se encargaba del mantenimiento de los equipos y del software usado por los operadores. La empresa utilizaba sistemas como Pegasus para ocultar sus actividades ilícitas.

Hasta el momento 44 personas están vinculadas al proceso penal. Los acusados formarían parte de una organización transnacional que entregaba préstamos ilegales, robaba información personal y luego pedía pagos con amenazas en Ecuador y México.

La Policía Nacional contó a Televistazo que la investigación empezó el 2024, cuando a la Fiscalía llegaron 265 denuncias sobre extorsión virtual. Por ejemplo, la organización lograba acceder a videos de carácter sexual de las víctimas para pedir dinero a cambio de no difundirlos.