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La audiencia de juicio oral y público del denominado Caso Triple A quedó fijada para el 7 de marzo de 2026, con un calendario que contempla quince días de diligencias continuas, incluyendo presentación de pruebas, alegatos y testimonios. La disposición fue emitida por el tribunal competente tras completar la fase de instrucción fiscal.
Este proceso judicial corresponde a una investigación de alto perfil que implica a varias personas vinculadas a presuntas irregularidades en la compra y administración de agua potable en Guayaquil, actos de corrupción y delitos conexos.
La programación de la audiencia señala que durante esos 15 días se desarrollarán todas las fases del juicio, desde la admisión de medios de convicción hasta los alegatos finales por parte de la Fiscalía y las defensas de los procesados.
La fijación de una audiencia tan extensa responde a la complejidad del expediente, la cantidad de imputados y el volumen de pruebas documentales y testimoniales que deberán ser evaluadas por el tribunal. La justicia ha citado a diversas autoridades, peritos y testigos que intervendrán a lo largo del proceso.
El Caso Triple A ha concentrado atención mediática y ciudadana por su impacto institucional y social, dado que involucra a exfuncionarios públicos y empresarios, así como posibles efectos en la prestación de servicios públicos esenciales. La duración de la audiencia permite garantizar el debido proceso, la contradicción plena de las pruebas y una revisión exhaustiva de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
La sociedad civil, organizaciones de transparencia y sectores políticos han manifestado interés en observar el desarrollo del juicio, que se realizará en una sede judicial establecida para este tipo de procesos de alto perfil.
