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El caso Malvinas ha entrado en su recta final. A un año de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil, el tribunal anunció que el veredicto será emitido el próximo 22 de diciembre de 2025.
Por este caso, diecisiete militares enfrentan un proceso judicial por el delito de desaparición forzada, presuntamente cometido contra tres adolescentes y un niño, de entre 11 y 15 años, en diciembre de 2024, en el sector de Las Malvinas.
La investigación se inició el 9 de diciembre de 2024, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, la causa fue conocida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y, posteriormente, el 22 de diciembre de 2024, pasó a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Según la Fiscalía, los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven habrían sido detenidos por personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en las cercanías de un centro comercial, tras una alerta por un presunto robo, y trasladados en vehículos militares.
Días después de la desaparición, los cuerpos de los menores fueron hallados carbonizados en una zona de Taura. El 31 de diciembre, pericias de genética forense confirmaron que los restos correspondían a los cuatro menores reportados como desaparecidos.
Tras el cierre de la investigación, la Fiscalía llamó a juicio a 16 militares, mientras que el 11 de abril de 2025 vinculó como cómplice al teniente coronel de la FAE Juan Francisco I. M.. Según la acusación fiscal, el oficial tuvo conocimiento del operativo, acudió al lugar de los hechos, levantó indicios y omitió entregar información de manera oportuna, lo que habría entorpecido la búsqueda de los menores.
El proceso se sustenta en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la desaparición forzada y contempla penas de 22 a 26 años de prisión, las cuales pueden incrementarse por agravantes.
Seis semanas de juicio y militares cooperadores
El juicio se extendió por cerca de seis semanas, periodo en el que la Fiscalía y las defensas presentaron sus alegatos. Durante este proceso, cinco militares decidieron acogerse a la cooperación eficaz, aportando información clave para esclarecer los hechos.
Uno de ellos, Nelson S., declaró que uno de los menores se lesionó en la cabeza tras ser golpeado con la trompetilla de un fusil. En la segunda reconstrucción de los hechos, se recrearon los maltratos, amenazas y agresiones sufridas por los menores.
Las versiones también revelaron que un subteniente habría disparado a centímetros de la cabeza de uno de los niños y que los menores fueron obligados a desnudarse. Además, se conoció la existencia de conversaciones en un chat de asesoría militar.
Otro de los cooperadores, Carlos E., admitió haber grabado el video de los menores en el balde de una camioneta, material que envió a su hermana.
El jefe de patrulla y los pedidos de condena
El subteniente John Z., identificado como jefe de patrulla la noche del 8 de diciembre de 2024, es señalado como autor directo de la desaparición forzada. La Fiscalía sostiene que no informó sobre lo ocurrido y que ordenó tomar rutas secundarias en Taura.
También se indicó que el subteniente omitió reportar las agresiones, amenazas y el desnudamiento de los menores. Su defensa rechazó los señalamientos y alegó que supuestamente grupos criminales habrían intervenido posteriormente, versión que la Fiscalía desacreditó.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó 34 años y ocho meses de prisión para John Z. y para otros 10 militares, en calidad de autores directos.
En el caso del teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como cómplice, el Ministerio Público pidió siete años y cuatro meses de cárcel, señalando que habría ordenado recoger prendas de vestir sin protocolos, grabar entrevistas internas, borrar videos y omitir referencias a golpes, insultos y disparos en los informes.
Para los cinco militares cooperadores, la Fiscalía solicitó una pena reducida de 30 meses de prisión, al considerar que su colaboración fue clave para el esclarecimiento del caso.
Veredicto pendiente
Concluida esta etapa, el tribunal entrará en fase de deliberación y podrá acoger total o parcialmente los pedidos de la Fiscalía. La reinstalación de la audiencia quedó fijada para el 22 de diciembre de 2025, fecha en la que se conocerá el fallo en uno de los casos más sensibles y polémicos de los últimos años en Ecuador.
