La investigación judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio —conocido mediáticamente como Caso Magnicidio FV— ha entrado en un nuevo tramo procesal, con la Fiscalía General del Estado exigiendo la rendición de versión de los procesados y gestionando solicitudes de información a INTERPOL en relación con dos de los implicados que enfrentan medidas cautelares y requerimientos judiciales desde el extranjero.
Desde finales de 2025 y en lo que va de 2026, la Fiscalía ha citado a varios procesados para que entreguen su versión de los hechos vinculados al asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, delito por el cual se investigan presuntas responsabilidades de figuras políticas y operadores que habrían coordinado la operación con estructuras criminales.
Entre los llamados a rendir versión se encuentran personas cuyo paradero o situación procesal exige acciones especiales, motivo por el cual las autoridades han **solicitado información a la Interpol sobre José Serrano y Xavier Jordán, quienes enfrentan órdenes judiciales relacionadas con el caso, incluyendo medidas cautelares dictadas por jueces ecuatorianos.
José Serrano, exministro del Interior y exlegislador, y Xavier Jordán, empresario vinculado también a otros procesos de investigación como el caso Metástasis de presunta delincuencia organizada, han estado bajo diversas medidas judiciales que incluyen presentaciones periódicas en consulados ecuatorianos en el exterior y requerimientos de comparecencia ante tribunales, lo que ha motivado que la Fiscalía recurra a mecanismos de cooperación internacional para garantizar su participación en el proceso.
La solicitud de rendición de versiones y de cooperación internacional es parte del avance de la instrucción fiscal, proceso que también ha implicado audiencias de formulación de cargos, apelaciones por medidas cautelares y la revisión de testimonios anticipados en la causa. La Fiscalía sostiene que buscar la verdad judicial implica agotar todos los mecanismos disponibles —incluyendo la coordinación con organismos internacionales— para asegurar que los imputados rindan su versión y respondan por su presunta participación en el crimen político que conmocionó al país.
En paralelo, abogados defensores y familiares de la víctima han seguido de cerca cada procedimiento, mientras la causa sigue bajo estricta reserva y con ampliación de plazos para la culminación de la investigación inicial y posibles etapas de juicio.
