La fase final del juicio por la desaparición forzada de los menores del sector Las Malvinas se reanudó la mañana de este lunes 8 de diciembre, en la misma fecha en que se cumple un año de la retención de los niños Ismael, Josué, Steven y Saúl. La diligencia inició alrededor de las 08:30 bajo modalidad telemática y presencial.
El caso se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los menores fueron retenidos en la av. 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Tras perderse su rastro, sus restos calcinados fueron hallados días después en un río de la parroquia Taura, configurándose una investigación por desaparición forzada.
Desde una sala de la Unidad Judicial Multicompetente Penal Norte 2, el fiscal Cristian Farez expuso sus alegatos respaldados por informes, pericias y testimonios presentados a lo largo del proceso. El fiscal sostuvo que en la avenida 25 de Julio no se cumplió con las garantías del debido proceso en la retención de los menores, quienes no fueron informados de sus derechos constitucionales, entre ellos comunicarse con sus padres, contar con un abogado y no ser incomunicados.
Farez acusó a los dos primeros militares, Wilson C. B. y Wilmer L. C., como autores responsables del delito de desaparición forzada, tipificado en el artículo 84 del COIP. Para ambos solicitó una pena de 34 años y 8 meses de prisión, así como una multa de 800 salarios básicos unificados y una reparación simbólica de $10.000 a favor de las víctimas indirectas. Además, pidió medidas de reparación y prevención dirigidas al Ministerio de Defensa, incluyendo protocolos de actuación y una intervención multidisciplinaria en casos similares.
Incluso propuso que el paso a desnivel de la av. 25 de Julio lleve el nombre “Puente Niños de Las Malvinas” como acto simbólico de no repetición.
Defensa de los procesados
El abogado Jesús López, defensor de Wilson C. B., aseguró que no existe ninguna prueba legítima que vincule directamente a su cliente con la desaparición o muerte de los menores. Alegó que su defendido era un suboficial sin poder de alterar órdenes superiores y pidió la nulidad de pericias realizadas en la zona de Taura, argumentando falta de cadena de custodia.
“No puede ser convertido en responsable por saciar el clamor popular”, enfatizó.
Por su parte, Carlos Manosalvas, abogado de Wilmer L. C., solicitó ratificar la inocencia de su cliente. Señaló que no existe prueba de agresiones ni intención de desaparecer a los menores. Afirmó que las bandas delictivas que operan en la zona también deberían ser incluidas en el proceso, y que actualmente existe otra indagación sobre el secuestro y asesinato de los niños.
Fiscalía, en su réplica, rechazó las acusaciones de ruptura de cadena de custodia y defendió la validez de todas las pericias presentadas.
La audiencia continuará durante este mediodía con la exposición completa de los alegatos de Fiscalía, las acusaciones particulares y la intervención de los abogados de los 17 procesados.
