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Tras la detención de Aquiles Álvarez y otras 10 personas en la madrugada del 10 de febrero por el caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en Ecuador se han dado varios avances procesales y acciones oficiales en menos de 24 h.
Traslado y audiencia
Los 11 detenidos, incluidos Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez y otros implicados, fueron trasladados a Quito bajo fuerte resguardo de seguridad para la audiencia de formulación de cargos ante la Unidad Judicial de Garantías Penales. Los fiscales explicaron que esto se realizó dentro de los marcos de la investigación.
Presentación de documentos para demostrar arraigo
Previo a la audiencia, los detenidos presentaron diversas pruebas documentales ante la autoridad judicial con el fin de demostrar arraigo y desestimación de riesgos procesales. Estos documentos incluyeron certificados relacionados con su cargo público (como alcalde), antecedentes penales, registros de la Liga Pro y otros archivos digitalizados por parte de los acusados.
Solicitud de prisión preventiva
La Fiscalía General del Estado solicitó, de forma motivada, prisión preventiva para 10 de los 11 procesados en el caso Goleada, entre ellos Aquiles Álvarez y sus dos hermanos, con el objetivo de neutralizar riesgos procesales derivados de una presunta “estructura societaria compleja” vinculada a la evasión de controles estatales y corrupción en la comercialización de combustible. Para un undécimo implicado se pidió arresto domiciliario por tratarse de una persona de la tercera edad.
Incautaciones y evidencias
Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios y oficinas vinculados al caso, las autoridades incautaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos (como celulares y computadoras) y abundante documentación que ahora forma parte de los elementos de convicción utilizados por la Fiscalía en la instrucción fiscal.
Reacción de defensores y allegados
Representantes de la defensa técnica de Aquiles Álvarez han cuestionado el proceso y han argumentado que algunos cargos formulados por la Fiscalía reflejan hechos ya examinados en otro proceso previo denominado Caso Triple A, aunque la Fiscalía mantiene que este nuevo expediente se sustenta en hechos independientes. Además, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, criticó la falta de acceso público a la audiencia, aludiendo a derechos constitucionales de transparencia judicial.
En menos de 24 horas desde la detención de Aquiles Álvarez, el caso Goleada ha avanzado con traslado de los detenidos a Quito, presentación de evidencias documentales para arraigo, incautaciones de bienes y dispositivos electrónicos y la solicitud de prisión preventiva para la mayoría de los procesados, lo que marca un paso decisivo en la instrucción fiscal de uno de los procesos judiciales más mediáticos de Ecuador.
