La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) aceptó a trámite la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia para que se investigue si la tasa de seguridad del 30 % que Ecuador impuso a las importaciones colombianas constituye un gravamen prohibido en el marco de la normativa andina.
La decisión se dio el lunes 16 de febrero de 2026, cuando el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, firmó la admisión de la petición de Colombia, lo que implica el inicio del proceso de investigación establecido por la Decisión 425 de la CAN, bajo el cual se analizará si la medida ecuatoriana va en contra de los principios de libre comercio intrarregional.
La controversia se originó después de que el presidente Daniel Noboa anunciara la imposición de una tasa del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia desde el 1 de febrero de 2026, medida que Ecuador justificó como un instrumento para reforzar la seguridad nacional y compensar lo que considera falta de cooperación fronteriza.
Desde Bogotá, las autoridades argumentaron que esta tasa representa un gravamen equivalente a un arancel prohibido bajo el marco del Acuerdo de Cartagena, que rige la integración económica de los países miembros de la CAN e impide la imposición unilateral de cargas o restricciones al comercio intracomunitario que afecten de manera discriminatoria a productos originarios de otros Estados miembros.
Con la admisión de la solicitud, los órganos técnicos de la Comunidad Andina deberán recopilar información, solicitar antecedentes y emitir informes que permitan establecer si la tasa aplicada por Ecuador es compatible con la normativa andina o si debe ser modificada o suspendida.
Este proceso no solo representa un paso formal dentro del organismo regional, sino que también podría influir en la dinámica comercial bilateral y en la manera en que los Estados parte de la CAN resuelven disputas comerciales internamente, fortaleciendo los mecanismos de diálogo y armonización de políticas económicas dentro del bloque.
