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La Cámara de Minería del Ecuador (CME) presentó una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la tasa de supervisión y control de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), cuyo cobro inició el 1 de julio.
El gremio ingresó su demanda a la Corte Constitucional (CC) la mañana del miércoles, 9 de julio, alegando vicios de inconstitucionalidad de forma y fondo sobre la resolución 003/2025 de la Arcom con la que se creó la tasa.
Además, la Cámara solicitó medidas cautelares a los magistrados, con el fin de suspender el cobro hasta que la Corte tome una resolución final.
Con la acción impulsada por la CME ya suman al momento cuatro demandas de inconstitucionalidad.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, reiteró que la tasa, tal como está estructurada, es desproporcionada y ha sido impuesta de manera injusta, sin diálogo previo con los actores de la industria.
Aclaró que no se trata de una oposición al Gobierno, ya que se comparte la intención de lucha contra la minería ilegal y el fortalecimiento de la Arcom, sino que el esquema de la tasa es perjudicial para la exploración minera, donde se hacen fuertes inversiones a riesgo y sin retorno, ya que en muchos casos los valores que tendrán que pagar algunas empresas no solo superan sus presupuestos operativos, sino que incluso implicaría que las compañías deberían venderse para poder pagar la tasa.
