El titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para tratar la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso este lunes 20 de marzo a las 15:00, de manera presencial.
La iniciativa legislativa con la que se busca censurar y destituir a Lasso fue presentada el jueves 16 de marzo por la tarde y la noche del viernes el CAL sesionó y decidió, como un paso previo a resolver la solicitud, pedir a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea Nacional un informe de cumplimiento de requisitos, para el cual le dio un plazo de 24 horas, una medida que, según la norma vigente, no debía ser solicitada por el máximo órgano legislativo en este caso.
Una vez que el CAL conozca la solicitud y verifique el cumplimiento de requisitos, se enviará a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen previo de admisibilidad, para lo cual dispone de un plazo de seis días.
Si el juicio político no pasa el filtro de la CC el tema queda archivado. Pero si la resolución es favorable, el presidente de la Asamblea remite al presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y los documentos de sustento.
La Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de manera inmediata y se dará inicio al trámite de enjuiciamiento.
Para la solicitud de juicio político las bancadas de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC) consiguieron 59 firmas de respaldo, aunque solo se requerían 46.
Se pretende enjuiciar al jefe de Estado por los presuntos delitos de concusión y peculado, que están contemplados como causales dentro del artículo 129 de la Constitución. Se apunta que Guillermo Lasso tiene responsabilidad política en la conformación de un estructura de corrupción en las empresas públicas Petroecuador, Flopec y EMCO. Con ello se busca la censura y destitución del primer mandatario.
Los proponentes son los legisladores Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).
Entre los hechos que forman parte de la acusación consta el Decreto Ejecutivo 163, que cambió la conformación de los directorios de las empresas públicas; la designación de Hernán Luque, como presidente de EMCO, quien ahora es investigado por corrupción; audios divulgados por el medio digital La Posta que comprometen en presuntas irregularidades a Hernán Luque y Rubén Cherres, entre otros.
La reacción del Gobierno se mantiene en rechazar el juicio político. Carondelet sostiene que la demanda carece de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del presidente Lasso.
Para el Ejecutivo, el verdadero propósito detrás del enjuiciamiento es atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia.