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El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría oficialista, resolvió inadmitir por tercera vez el pedido de juicio político contra seis consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que había sido presentando por legisladores de la Revolución Ciudadana (RC).
El nuevo intento buscaba responsabilizar a los consejeros por supuestas omisiones e incumplimientos en el proceso de selección de autoridades como el Consejo de la Judicatura y en el concurso para la elección del Fiscal General del Estado, entre otros actos de control social.
Sin embargo, el CAL decidió no dar curso al trámite con base en recomendaciones de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que concluyó que el pedido no cumplía con requisitos formales esenciales, como el anuncio y el sustento probatorio exigido por ley, lo que impidió que la solicitud fuera admitida a trámite parlamentario.
Este es el tercer revés consecutivo para los promotores de la acción, después de que los dos intentos previos también fueran desestimados por el órgano legislativo debido a fallas en la presentación de firmas o inconsistencias formales en las solicitudes.
La decisión evidencia una dificultad política y técnica en avanzar con procesos de control político contra autoridades del CPCCS, a pesar de los esfuerzos de la bancada correísta por activar el mecanismo de juicio político como herramienta de contraloría y fiscalización en el ejercicio de las funciones del organismo.
Hasta el momento, el CPCCS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta inadmision, pero el rechazo reiterado por parte del CAL pone en evidencia las tensiones políticas entre asambleístas que impulsan el juicio y la mayoría legislativa que evalúa la procedencia de estos pedidos bajo criterios legales estrictos.
