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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió a trámite la solicitud de juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), debido a inconsistencias detectadas en las firmas de respaldo presentadas por el legislador Luis Fernando Molina, de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La decisión se adoptó durante la sesión del CAL realizada este lunes 12 de enero de 2026, luego de conocer y acoger el informe técnico elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL). En el documento se detalla que, aunque se registraron 42 firmas de respaldo, 16 presentaron irregularidades en la integridad de la firma electrónica, tras la validación efectuada en las plataformas oficiales.
De acuerdo con el informe, únicamente 26 firmas cumplieron con los requisitos de validez e integridad, cifra que no alcanza el respaldo mínimo exigido por la normativa vigente, equivalente a una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 38 firmas. Por este motivo, el pedido fue considerado improcedente desde el punto de vista formal.
Las firmas observadas corresponden a los asambleístas Blasco Luna, Paola Cabezas, Ricardo Patiño, Cristina Jácome, Héctor Valladárez, Roque Ordóñez, Lenin Barreto, Sara Cabrera, Josefina Romero, Héctor Rodríguez, Humberto Alvarado, Jahiren Noriega, Juan Guzmán, Lizardo Casanova, Ronal González y Verónica Íñiguez.
Adicionalmente, el informe de la UTL advierte una falta de coherencia interna en la identificación de las autoridades sujetas a enjuiciamiento político, ya que, aunque la solicitud menciona a los consejeros del CPCCS, en otros apartados se hace referencia a una persona distinta, sin precisar ni fundamentar su condición de autoridad de control ni su sujeción al régimen de responsabilidad política. Esta inconsistencia impide, según el análisis técnico, identificar con claridad a los funcionarios que serían procesados.
Los consejeros que iban a ser sometidos a juicio político son Andrés Fantoni, presidente del CPCCS; Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero Minda y Piedad Cuarán Rosero.
Las acusaciones estaban relacionadas con un presunto conflicto de intereses en la conformación de la comisión técnica para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, así como con una supuesta extralimitación de funciones al interpretar el Código de la Democracia para inhabilitar a un postulante y permitir la inclusión de Mario Godoy en la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. También se cuestionaba el archivo de impugnaciones ciudadanas dentro del proceso.
La inadmisión del pedido se produce en un momento clave, en medio del proceso de designación del fiscal general del Estado, cuya comisión de selección está prevista para conformarse en los próximos días.
