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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) adoptó este viernes la decisión de no admitir a trámite la solicitud de juicio político presentada contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras detectar graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de requisitos legales, lo que bloquea, por ahora, el avance del proceso.
La solicitud, promovida por el asambleísta Luis Fernando Molina, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), buscaba censurar políticamente a los consejeros Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero Minda y Piedad Cuarán Rosero, argumentando presuntas responsabilidades por actuaciones relacionadas a la designación de vocales del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, el CAL, mediante el análisis del informe técnico-jurídico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que no es vinculante, determinó que la solicitud presentaba errores en la firma electrónica y no cumplía con el respaldo mínimo exigido por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa para iniciar un proceso de juicio político. Entre las observaciones, se señaló la falta de validación y la insuficiencia de firmas válidas, lo que impidió que la solicitud alcanzara el respaldo formal requerido.
Esta es la segunda vez que el CAL rechaza una solicitud de este tipo contra los mismos consejeros. Una primera iniciativa, también impulsada por Molina, fue inadmitida en enero debido a inconsistencias en las firmas de respaldo y falta de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeta al proceso, según resolvió el pleno de ese organismo.
Al respecto, el asambleísta Molina ha cuestionado la decisión, catalogándola de «falsa» y atribuyéndola a cálculos políticos del oficialismo, al tiempo que adelantó que presentará una tercera solicitud de juicio político, con más respaldos y acusaciones, para insistir en el control político contra los consejeros del CPCCS.
El rechazo del trámite por parte del CAL sigue un patrón de interpretación técnica más estricta de los requisitos formales para iniciar juicios políticos, lo que podría obligar a los proponentes a reforzar sus argumentos y respaldos antes de presentar una nueva iniciativa.
El proceso de juicio político en Ecuador tiene como finalidad ejercer control político y eventualmente destituir a autoridades que, según los proponentes, han incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el CAL actúa como primer filtro, evaluando el cumplimiento de normas constitucionales y legales antes de permitir que dichos procesos avancen.
