La disputa política en la Asamblea Nacional por la fiscalización de dos casos sensibles —el bombardeo militar en Sucumbíos y el asalto armado a TC Televisión— escaló hasta el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá definir cómo proceder.

El conflicto enfrenta a las bancadas del oficialismo (ADN) y la Revolución Ciudadana, quienes discrepan sobre qué comisión tiene la competencia para investigar estos hechos.

Por un lado, la Comisión de Seguridad, de mayoría oficialista, aprobó iniciar procesos de fiscalización sobre ambos casos, lo que generó rechazo del bloque correísta, que acusa un intento de “obstaculizar” las investigaciones.

La Revolución Ciudadana sostiene que estos temas ya están siendo tratados por la Comisión de Garantías Constitucionales, por lo que abrir nuevos procesos constituiría una duplicidad prohibida por la Ley de la Función Legislativa.

El bombardeo en Sucumbíos, ocurrido en marzo de 2026 contra una presunta base del narcotráfico, y el ataque a TC Televisión en enero de 2024 —considerado un acto terrorista en plena transmisión en vivo— son dos de los episodios más polémicos en materia de seguridad nacional.

Ante la falta de consenso, el caso fue elevado al CAL, organismo encargado de resolver conflictos de competencia dentro del Legislativo. Su decisión será clave para determinar qué comisión continuará con la fiscalización de estos hechos.

Este nuevo enfrentamiento refleja la tensión política dentro de la Asamblea, donde las diferencias entre bloques no solo son ideológicas, sino también estratégicas en torno al control de investigaciones de alto impacto nacional.