Radio
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, acordó archivar de forma unánime el proyecto de ley presentado por la asambleísta Camila León Cueva, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). La iniciativa proponía una reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula las contravenciones relacionadas con expresiones en descrédito o deshonra hacia otras personas, incluyendo funcionarios públicos.
León había planteado que, al momento de aplicar esta norma, los jueces debían verificar si las críticas dirigidas a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones se corresponden con el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, amparándose en estándares constitucionales e interamericanos. Sin embargo, pese a que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) había recomendado tramitar la iniciativa por cumplir con los requisitos formales, los integrantes del CAL decidieron no darle trámite por motivos políticos, sin entrar al análisis de fondo del contenido de la propuesta.
La decisión del CAL pone fin al proceso de clasificación de la iniciativa, lo que implica que el proyecto no seguirá su trámite legislativo y no será remitido a comisión para debate, discusión y posible aprobación en el pleno de la Asamblea.
El artículo 396 del COIP —tema central de la reforma impulsada por León— actualmente establece penas de 15 a 30 días de prisión para contravenciones que implican expresiones que menoscaban la honra o reputación de otra persona. La intención de la legisladora era introducir criterios que, según ella, garantizarían una protección más amplia a la libertad de expresión en situaciones donde hay críticas a funcionarios públicos, un aspecto que fue controversial y objeto de debate en redes sociales y entre sectores de la sociedad civil antes de su archivo.
Con la decisión de archivar el proyecto, queda en evidencia la sensibilidad política y jurídica que rodea cualquier iniciativa vinculada con la libertad de expresión y su relación con sanciones penales, especialmente en contextos donde organizaciones periodísticas y defensores de derechos han alertado sobre riesgos de restricciones o penalización de críticas públicas, aunque el CAL haya actuado por razones consideradas políticas más que técnicas.
