La única prioridad de la Asamblea Nacional, en esta semana, es definir la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y para ello cada sector político y el Gobierno empezaron a buscar los votos.

La sesión del pleno está convocada para este martes 16 de mayo a partir de las 10:00, para iniciar el juicio político contra el primer mandatario acusado de presunto peculado en el contrato de transporte de crudo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers.

La inquietud a nivel del Gobierno es conocer si la misma mayoría que armó el correísmo, socialcristianos, Conaie y los disidentes de la Izquierda Democrática, para alzarse con todas las designaciones de las autoridades legislativas vuelva a operar frente a la moción de censura del primer mandatario. De ahí que analiza también la opción de disolver la Asamblea Nacional o aplicar la denominada muerte cruzada.

En Pachakutik los legisladores Ricardo Vanegas y Édgar Quezada aclaran que el juicio político al primer mandatario es distinto a la designación de autoridades y además según Quezada, no hay ningún acuerdo que ate a la censura y destitución del presidente Lasso.

Vanegas no cree que la salida sea aplicar la muerte cruzada, porque habiéndose iniciado un proceso de juzgamiento el primer mandatario no puede aplicar la disolución de la Asamblea para evitar la finalización del juicio político; por lo tanto, dijo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debe comparecer ante la Asamblea, responder a la acusación y la Asamblea emitir su resolución.

El legislador nacional comentó que los asambleístas de la alianza correísta, socialcristianos, Izquierda Democrática de Wilma Andrade y la Conaie, tienen un objetivo marcado que es la destitución de Lasso; por lo tanto no importa los medios con tal de llegar a su fin; pero consideró que no habrá los 92 votos que necesitan.

Quezada, quien votó a favor de la designación de Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que para votación de la moción de destitución del primer mandatario será distinta, porque para el llamado a juicio político al primer mandatario se debió tomar en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización, por lo tanto, se está afectando al legítimo derecho a la defensa.

“Sino nos corren traslado del informe de la Comisión Fiscalización y no se toma en cuenta lo que establece la Procuraduría General del Estado, simplemente, el presidente vendrá a referirse al dictamen de la Corte Constitución”, apuntó.

Su coideario Salvador Maita, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), advirtió que si el presidente Guillermo Lasso activa la muerte cruzada sería un problema para el Gobierno; pero resaltó que sería un alivio para los ecuatorianos que en la Asamblea Nacional se reúna los votos para su destitución y censura.

Del lado oficialista el legislador Juan Fernando Flores apuntó que este será un juicio político contra un mandatario sin un informe y lo único que se dará lectura es la resolución, y posteriormente, los dos interpelantes: Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), premiados en las designaciones de autoridades, quienes hagan uso de su tiempo para presentar las pruebas.

Flores dijo que seguramente el gabinete del presidente de la República acompañará a igual que las diferentes autoridades.

En las tres horas de comparecencia del primer mandatario se dará a conocer las respuestas a las acusaciones planteadas.

El asambleísta de Gobierno no cree que el Ejecutivo aplique la muerte cruzada y que esperará la votación en el juicio tomando en cuenta que nunca se demostró que haya un supuesto peculado.

Desde la bancada UNES, el legislador Lenin Lara señaló que sería una precipitación del presidente Guillermo Lasso aplicar la muerte cruzada sin responder antes al pleno, pero “todos estamos preparados y sabemos que si la salida a la crisis es que nos vayamos todos es una opción válida”.

Lara manifestó que existe una mayoría consolidada que se mostró el 14 de mayo en la designación de autoridades, pero dijo que no se puede asegurar que los 96 votos que en promedio se obtuvo en las elecciones internas de la Asamblea Nacional sean los mismos para el juicio político.