La Asamblea Nacional prevé aprobar este martes 24 de marzo de 2026, en segundo debate, un paquete de reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que introduce 40 cambios orientados a facilitar la construcción de vivienda social en el país.
Entre las principales modificaciones consta la facultad para que el presidente de la República declare proyectos habitacionales como estratégicos a nivel nacional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el ente rector de hábitat y vivienda.
De forma paralela, el pleno legislativo fue convocado para el miércoles 25 de marzo, con el objetivo de conocer y resolver un proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, que busca incentivar la construcción de viviendas de interés social mediante beneficios tributarios, incluyendo incentivos para quienes donen este tipo de inmuebles.
Las reformas establecen que los proyectos de vivienda impulsados desde el ámbito nacional serán considerados estratégicos en la planificación territorial, lo que permitirá agilizar su ejecución. En este contexto, el Ministerio de Infraestructura y Transporte tendrá un rol clave en la definición y evaluación de estos proyectos.
Asimismo, se dispone que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos estarán obligados a viabilizar estos proyectos mediante la figura de “declaración responsable”, que funcionará como un permiso habilitante para iniciar obras, sujeto a controles posteriores.
El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, destacó que estas reformas fortalecerán el control sobre el uso del suelo y permitirán sancionar a autoridades locales que incumplan la planificación territorial. También subrayó que las medidas están enfocadas exclusivamente en vivienda social y no en proyectos con fines lucrativos.
Benavides aclaró que, aunque el Ejecutivo podrá declarar zonas estratégicas para vivienda, se deberá respetar la planificación territorial vigente, evitando construcciones en zonas de riesgo, áreas protegidas o suelos productivos, con el fin de no afectar la soberanía alimentaria.
En cuanto a los derechos urbanísticos, la normativa incluye disposiciones para proteger proyectos previamente aprobados, siempre que no se encuentren en zonas de riesgo o bajo restricciones legales. En caso de irregularidades o uso especulativo del suelo, las autoridades podrán suspender o anular permisos.
Otro punto relevante es la agilización de trámites: los municipios deberán resolver solicitudes de permisos urbanísticos en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si no existe respuesta en ese tiempo, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial podrá emitir una autorización que permita continuar con los proyectos de vivienda social.
Estas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para reducir el déficit habitacional y dinamizar la economía a través del sector de la construcción.
