Para el jueves 23 de febrero de 2023 estaba prevista la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio contra Marcelo A., Ángel S., Adrián H., Hugo Ch. y Paúl B., exfuncionarios de nivel directivo y gerencial de la empresa Kurukawa, además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. Fiscalía solicitó que sean llamados a juicio por “presunta” participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, la mayoría de las y los trabajadores eran afrodescendientes.
Según una fuente de la Fiscalía, el diferimiento lo solicitó la parte acusatoria por el particular de enfermedad, la jueza señalará una nueva fecha y hora para informar si llama o no a juicio a los procesados.
#AHORA | Caso #Furukawa: por pedido de una de las partes procesales, se difiere la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio contra 5 personas y la empresa Furukawa. Jueza señalará nueva fecha y hora para informar si llama o no a juicio a los procesados. pic.twitter.com/0plHowppla
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 23, 2023
El pasado 17 de enero de 2023, la fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio contra los cinco directivos y la empresa Furukawa. Durante la audiencia preparatoria de juicio que se llevó a cabo en Santo Domingo de los Tsachilas, la fiscal del caso presentó más de 100 elementos para sustentar su dictamen.
Entre estos se cuentan: el informe presentado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido señala que en la empresa Furukawa se encontraron “[…] condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud […]”.
Este es el documento que sirvió de sustento para el inicio de la investigación de Fiscalía. A criterio de la institución, esas condiciones se confirmaron con la práctica de varias pericias, durante la investigación previa y la instrucción fiscal.
Se presentaron los informes de varias instituciones que mencionan la existencia de violaciones a los derechos de acceso a la educación y salud, casos de personas no inscritas en el Registro Civil.
También, contratos de arrendamiento por parte de la empresa con los trabajadores para evadir sus responsabilidades laborales, acción calificada en un informe del Ministerio de Trabajo como “no ética”.
A ello se sumaron versiones de presuntas víctimas, en su mayoría afrodescendientes y analfabetos, a quienes no se les proporcionaron equipos de trabajo, ropa ni elementos de seguridad para el cumplimiento de sus labores y las verificaciones –por parte de las empresas correspondientes– de la inexistencia de servicios básicos como agua, alcantarillado o luz eléctrica en los campamentos de trabajo.
