El primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Transparencia Social está convocado para las 10:00 de este martes, 19 de agosto de 2025, y los legisladores de las diferentes tiendas políticas anticiparon observaciones.

El documento para primer debate fue aprobado el pasado 13 de agosto en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora del oficialismo Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN).

Liliana Durán, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), resaltó que, si bien la iniciativa se presenta como una herramienta para frenar el lavado de activos y el crimen organizado, se “queda corta” en atacar a los grandes responsables de esos flujos irregulares; en cambio, precisó Durán, pone la lupa sobre las organizaciones sociales.

“La ley exige cumplir requisitos que una comunidad barrial, una fundación pequeña o un colectivo de mujeres difícilmente podrán sostener. ¿Cómo se supone que van a contratar auditores o levantar estructuras burocráticas si apenas sobreviven con lo que logran recaudar?“, cuestionó.

Para la legisladora del correísmo, “las organizaciones sociales no son el problema; son parte de la solución, por lo que castigarlas o ponerlas contra la pared no solo es injusto, sino que debilita el tejido social que tanto necesitamos en momentos de crisis”.

En este sentido, la asambleísta respaldó toda medida seria que combata el dinero sucio, pero rechazó “cualquier intento de acallar la voz ciudadana o de debilitar a nuestras organizaciones sociales”.

A su vez, reclamó que ninguna de las observaciones ha sido considerada en la mesa de Desarrollo Económico.

Su compañero de bancada Franklin Samaniego (RC) también realizó puntualizaciones sobre la iniciativa urgente del Ejecutivo. El asambleísta consideró que asuntos como la “presión política” y el “control social” se deben elevar a discusión en el hemiciclo legislativo.

Samaniego, parlamentario nacional, dijo que el proyecto de Transparencia Social podría abrir la posibilidad a una “hiperregularización” de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hacia las organizaciones de las sociedad civil, así como una posible persecución a quienes no piensan igual que el oficialismo.

“La lucha con el lavado de activos es importante, pero existen organismos, como la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), que deben controlar esto, pero no han dado un resultado efectivo”, puntualizó.

Desde la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), también hubo reacciones. Nathaly Farinango, legisladora por Pichincha, sostuvo que la ley de fundaciones es positiva, pues responde a estándares internacionales, como la recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Además, destacó otros aspectos, como la categorización de las organizaciones sociales.

“Quizá presentaré algunas observaciones sobre la categorización, pero la ley es positiva para ayudar a la lucha que lleva el Gobierno para combatir al crimen organizado”, dijo.

Entretanto, la asambleísta aclaró que se mantiene la disposición de que no se puede usar la ley para la persecución a las organizaciones sociales.

“Hay reclamos de organizaciones sociales que no han sido escuchadas, pero el debate y el trámite del proyecto de ley aún no concluye, por lo que hay un espacio donde se podrá escuchar a muchas más voces”, recalcó.

Su coideario Adrián Castro (ADN) destacó que esta ley urgente, que entra en su primera discusión, pretende, como las anteriores leyes, proteger a la comunidad.

La propuesta de normativa, dijo, “exige transparencia real a las organizaciones que manejan dinero, sin ahogar a las pequeñas, mientras que cierra vacíos que usaba la economía criminal y la elusión sofisticada”.

“Es proporcional: más riesgo, más control; menos riesgo, más simple. Por otro lado, se deja expresamente señalado que no constituye una herramienta de persecución por política o ideología, que era algo muy importante para que no quede la mejor duda de aquello”, dijo Castro.

En tanto que Álex Toapanta, asambleísta de la facción de Pachakutik que no ha votado con el oficialismo, manifestó que existe preocupación en las bases comunitarias de todo el país por el proyecto de Ley de Transparencia Social.

“Si bien se nos vende como una herramienta para combatir el lavado de activos, su verdadero objetivo parece ser desmantelar el tejido social que le da vida a la democracia y participación”, consideró.

El legislador de Cotopaxi observó que esta ley impone una serie de cargas administrativas y financieras desproporcionadas, así como costosas auditorías, que a las pequeñas fundaciones rurales y colectivos barriales, que operan con presupuestos mínimos, les resultaría imposible asumir.

“El resultado no será una mayor transparencia, sino la asfixia y desaparición de miles de organizaciones vitales. No podemos confundir el control al crimen organizado con la persecución a la organización popular”, puntualizó.

Por otro lado, Toapanta recordó que ya existe una amplia normativa que regula transacciones y previene el lavado de activos, como la Fiscalía General del Estado, la UAFE y la Contraloría General del Estado; e incluso, agregó, la Ley de Inteligencia, que permite el cruce de información.

“Este nuevo proyecto es, por lo tanto, una medida redundante y con una clara intención política”, opinó el asambleísta.

Por último, el legislador de Pachakutik resaltó que, para los pueblos y nacionalidades indígenas, este proyecto de ley genera aún más problemas con una burocracia exacerbada, agravando la ya existente brecha de desigualdad tecnológica. Todo esto, precisó, “cuando son precisamente las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales las que han ayudado en la lucha para equiparar a la sociedad”. ”Esta ley las golpea directamente», sentenció Álex Toapanta, y anticipó su voto en contra para el segundo debate.

En el primer debate, previsto para este martes, los asambleístas emitirán observaciones sobre el cuarto proyecto de ley económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Una vez finalizada la discusión, el documento volverá a la Comisión de Desarrollo Económico para que incorpore las observaciones y apruebe un informe para segundo y definitivo debate en el pleno, en el plazo de los 30 días que tiene el Legislativo para tramitar esta propuesta del Gobierno.