La asambleísta Camila León Cueva, integrante de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), presentó formalmente el 15 de enero de 2026 un proyecto de ley para reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en lo relativo a la libertad de expresión y críticas dirigidas a servidores públicos.
La iniciativa, que consta de nueve páginas y contiene un único artículo, propone modificar la redacción del numeral que actualmente sanciona con 15 a 30 días de privación de libertad a quien, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra contra otra persona, incluso mediante tecnologías de información y comunicación.
La reforma planteada por León plantea que los juzgadores —al evaluar este tipo de expresiones— deben verificar si corresponden al ejercicio legítimo de la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público o críticas a funcionarios en el marco de sus funciones, aplicando estándares constitucionales e interamericanos que reconocen una mayor protección para este derecho.
Además, el proyecto establece que los operadores de justicia deben aplicar un test de proporcionalidad basado en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a criterios de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
Según León, la iniciativa busca garantizar que los medios de comunicación y ciudadanos no sean penalizados por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión, especialmente al tratar casos o noticias que involucren a servidores públicos. En su exposición, la legisladora recordó episodios controvertidos del pasado, como el caso del Diario El Universo en 2011, cuando directivos del medio fueron sancionados penalmente por una columna crítica —hecho que, según el proyecto, generó autocensura en el ejercicio periodístico.
Reacciones y observaciones de expertos
Juristas especializados en derechos humanos han expresado reservas y críticas sobre la propuesta. La abogada María Dolores Miño indicó que los órganos internacionales de derechos humanos han sostenido que la criminalización de discursos relacionados con funcionarios públicos es anticonvencional, y que incluso la legislación ecuatoriana ha dejado de penalizar este tipo de expresiones.
Miño advirtió que la reforma podría reintroducir delitos contra el honor de funcionarios públicos, lo que a su juicio podría generar nuevamente casos similares al de El Universo. Por su parte, el jurista Romel Jurado consideró que la propuesta puede resultar innecesaria, pues los juzgadores ya están facultados para valorar si una expresión forma parte de la libertad de expresión protegida sin necesidad de modificar el texto del COIP.
Siguiente paso legislativo
El proyecto debe ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, de admitirse, será remitido a una de las comisiones permanentes especializadas para su trámite correspondiente. El avance de esta iniciativa promete un intenso debate sobre los límites entre libertad de expresión y protección del honor, así como sobre la función de la vía penal en casos de críticas a autoridades públicas.
