“La Presidencia de la República comete una inconstitucionalidad”, asegura la Asamblea Nacional, este 19 de julio, que en un comunicado recriminó al presidente Daniel Noboa por vetar una ley que ya había sido vetada. De su lado, la Presidencia argumentó que su decisión fue por dos observaciones al texto.
La norma de la nueva polémica entre Ejecutivo y Legislativo es la Ley Reformatoria a las leyes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que fue vetada parcialmente por el mismo Presidente el pasado 12 de abril de 2024.
A través de su cuenta de X, la Asamblea explicó por qué considera que el veto de Noboa fue un acto inconstitucional.
El Pleno de la Asamblea aprobó el pasado 13 de junio el proyecto de ley, que plantea cambios en la integración y elección del Consejo Directivo del IESS, vetado parcialmente por Noboa.
Este proyecto de reforma a la Ley fue aprobado inicialmente el 12 de marzo, y luego objetado de manera parcial por el presidente Noboa, por inconstitucionalidad e inconveniencia.
Luego, el 21 de junio la Asamblea remitió al Ejecutivo el texto final del proyecto para su publicación en el Registro Oficial, pero “en un acto absolutamente inconstitucional”, la Presidencia “no lo hizo y envió una nueva objeción al proyecto”.
De acuerdo con la Asamblea, esto transgrede flagrantemente los artículos 139 y 147 de la Constitución.
Solo unos minutos después de la publicación de la Asamblea, la Presidencia emitió su propio comunicado en la red social X. En el texto, dio sus justificativos y aseguró que Noboa envió nuevamente la objeción parcial “por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto”.
Explicó que en el nuevo texto corregido de la Asamblea se ha incurrido en otra inconstitucionalidad en el artículo siete.
“Esto no se puede pasar por alto, ya que contraviene la Constitución y se daría paso a la expedición de una ley que atenta contra el derecho a la seguridad jurídica y que genera un riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas”, se detalla en el comunicado.
Otro aspecto que le llamó la atención a Presidencia es el artículo nueve “que provocaría una antinomía jurídica”. Técnicamente, una antinomía es una contradicción real o aparente entre dos principios o leyes, o entre dos pasajes de una misma ley.
La Asamblea exigió al Presidente sancionar y enviar el proyecto para su publicación en el Registro Oficial “sin dilación, bajo las prevenciones legales del caso”.
Estas acusaciones se suman a otros roces que han existido entre estos dos poderes del Estado.
Alejandro Muñoz, en su calidad de secretario General de la Asamblea Nacional, devolvió el oficio al presidente Noboa, que había sido enviado al Legislativo el 18 de julio con las nuevas observaciones.
Pidió que «sin más dilación, sancione y envíe» para publicación en el Registro Oficial la aprobada Ley del IESS.
A través de su cuenta de X adjuntó el oficio de cinco páginas donde explica y justifica de manera jurídica el proceso que se siguió hasta llegar a la sanción por parte del Presidente.
