La Asamblea Nacional del Ecuador, durante la sesión plenaria del 20 de febrero de 2026, aprobó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, una iniciativa remitida por el Ejecutivo y calificada como urgente en materia económica, que busca modernizar y potenciar dos sectores claves para la economía nacional.
El proyecto, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico con mayoría oficialista, pretende establecer un marco regulatorio más eficiente para la minería y el sector eléctrico, con énfasis en la generación de divisas, ingresos fiscales y sostenibilidad macroeconómica. Entre las reformas propuestas figuran ajustes a la Ley de Minería en aspectos como actos administrativos previos para operar, concesiones y regalías, así como cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, incluyendo el cumplimiento de los planes maestros, la generación distribuida para autoabastecimiento energético y la participación privada regulada.
Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron que estas modificaciones apuntan a transparentar, atraer inversión y diversificar la matriz productiva de ambos sectores, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) planteó una moción para negar y archivar la propuesta —que finalmente no prosperó—, argumentando preocupaciones sobre la rapidez del trámite y la incorporación de normas ambientales, energéticas y de seguridad estratégica en un solo paquete sin el debido consenso social y técnico.
Los defensores del proyecto indicaron que la normativa no pretende eliminar requisitos ambientales esenciales, como las licencias correspondientes, sino más bien facilitar autorizaciones para actividades de menor impacto ambiental, reducir trámites burocráticos para quienes cumplan condiciones específicas y potenciar la formalidad en la minería.
Con la aprobación del informe en primer debate, el proyecto ahora regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para recoger observaciones y preparar el informe para segundo debate, que podría definir su aprobación definitiva y apertura al siguiente proceso legislativo, en medio de plazos ajustados para su trámite como iniciativa urgente antes del vencimiento de los términos constitucionales.
