La Asamblea Nacional, presidida por la correísta Viviana Veloz, reaccionó la noche de este lunes a la promulgación a través de decreto de la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, denominada “ley antipillos”, después de que la semana pasada el proyecto fuese archivado por el Legislativo, al considerar que generaba más carga impositiva a la ciudadanía.
La ley fue emitida por el presidente Daniel Noboa y enviada para su correspondiente publicación en el Registro Oficial (RO), pese a que el proyecto fue negado y archivado con 84 votos del pleno de la Asamblea Nacional en un primer y único debate que se produjo el 27 de noviembre de 2024. Luego, el 29 de noviembre, la Asamblea envió al RO su decisión de archivar la iniciativa.
Sin embargo, el Gobierno nacional trasladó el texto original al RO para que entre en vigor, bajo la figura de decreto ley, y argumenta que no se cumplió el procedimiento legislativo que incluye dos debates en el pleno.
Noboa subió a sus redes sociales la noche de este lunes un video donde indica que está firmando la mencionada ley. En el audiovisual se observa un mensaje en el que se menciona que “una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate”.
Desde la Asamblea se indicó que el proyecto fue negado y archivado en estricto cumplimiento del artículo 140 de la Constitución. “Dicho artículo establece que los proyectos calificados como económicos urgentes sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos; y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios, desde el año 2014″, se asegura en un comunicado.
Agregó que si la Función Ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y archivo de la ley en cuestión, debió activar mecanismos constitucionales para que _en última instancia_ sea la Corte Constitucional quien aclare la interpretación.
La Constitución no exige que los proyectos económico-urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados; deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso, según se informa.
En todo caso, desde la Asamblea se solicita al Registro Oficial que no publique esta ley, “que afecta la economía de todos los ecuatorianos, y que respete las decisiones tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional”.
