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La oposición en la Asamblea Nacional ha encendido las alarmas ante el tratamiento como económico urgente del proyecto de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Según sus críticas, esta normativa abriría la puerta a grandes inversiones privadas en zonas naturales, lo que podría poner en riesgo la conservación ambiental y la seguridad en estos territorios.
Uno de los principales reparos es que, aunque el Gobierno Nacional argumenta que las áreas protegidas carecen de financiamiento suficiente para su mantenimiento, la ley contempla mecanismos que, según el correísmo, no se limitarían a actividades de conservación. Por el contrario, advierten que permitiría la construcción de grandes ecolodges, incluso de capital extranjero, dentro de ecosistemas vulnerables.
El proyecto de ley, que contiene apenas cinco artículos, establece la posibilidad de concesionar zonas naturales a empresas privadas.
Desde Revolución Ciudadana se teme que esta apertura facilite actividades extractivas en territorios que deberían estar resguardados, lo que afectaría directamente a la biodiversidad del país. La asambleísta Verónica Íñiguez señaló que existen proyectos mineros ya concesionados dentro de algunas áreas protegidas, lo que podría justificar la intención del Ejecutivo de resguardar esas inversiones.
Otra preocupación expuesta es la seguridad en las zonas naturales que sean concesionadas. La participación de la fuerza pública para respaldar proyectos privados en áreas protegidas genera inquietudes sobre el uso de recursos estatales para beneficiar intereses económicos.
Hasta el momento, el oficialismo ha evitado pronunciarse directamente sobre estos señalamientos. Sin embargo, el asambleísta Adrián Castro, de la bancada oficialista ADN, reconoció que el proyecto «seguramente sufrirá modificaciones» durante su tratamiento legislativo.
Según datos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), utilizados para sustentar la propuesta, Ecuador cuenta con 91 ecosistemas, de los cuales 87 han sido mapeados. Estos comprenden el 61,5 % del territorio nacional bajo regímenes de conservación, lo que subraya la importancia de debatir a fondo cualquier intervención legal en estas áreas.
