abril 16, 2026 11:30
Asamblea Nacional gastó más de $144.000 en sesiones fuera de Quito

La Asamblea Nacional del Ecuador destinó aproximadamente $144.000 para la realización de cuatro sesiones fuera de su sede oficial en Quito, en lo que va de 2026, según datos del propio Legislativo.

Estas jornadas se desarrollaron principalmente en Samborondón, en la provincia del Guayas, y también en Cuenca, como parte de la estrategia de llevar el trabajo legislativo a otras ciudades del país.

¿En qué se gastó el dinero?

El desglose revela que:

  • Una sesión solemne en febrero costó alrededor de $34.725
  • Otras jornadas plenarias sumaron más de $48.900
  • Nuevas sesiones en marzo representaron más de $28.500
  • En Cuenca, dos días de actividades costaron cerca de $32.000

En total, las cuatro jornadas alcanzaron los $144.000 en gastos operativos.

¿Qué cubre este presupuesto?

La Asamblea aclaró que estos recursos no incluyen viáticos ni transporte de los legisladores, pero sí cubren:

  • Personal técnico y administrativo
  • Equipos de tecnología y comunicación
  • Seguridad legislativa (incluyendo escoltas)
  • Logística operativa en cada ciudad

Además, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, señaló que cada sesión fuera de Quito tiene un costo aproximado de $30.000.

Posturas divididas

Desde la Asamblea se defiende esta modalidad como una forma de acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía en distintas provincias del país.

Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan el gasto, calificándolo como un uso innecesario de recursos públicos y señalando que estas sesiones no siempre generan mayor participación ciudadana ni debate político efectivo.

Un gasto que sigue creciendo

Según reportes recientes, desde 2025 la Asamblea ha realizado múltiples sesiones fuera de Quito, con costos que rondan los $30.000 por jornada, lo que eleva significativamente el gasto total en este tipo de actividades.

El debate sobre las sesiones itinerantes continúa, en medio de un contexto económico complejo, donde distintos sectores piden mayor control y transparencia en el uso de los recursos del Estado.

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