En tanto que el sector de Gobierno considera que la decisión está enmarcada en la Constitución porque la legislatura, durante los 30 días de trámite, no se pronunció en dos debates como determina la normativa.

El legislador de la bancada Construye Jorge Peñafiel indicó que nunca debió publicarse en el Registro Oficial una ley que fue negada y archivada en el pleno de la Asamblea Nacional, por lo tanto, dijo que se deben respetar los principios democráticos de Ecuador, donde la República se fundamenta en la división de poderes y en el respeto; por lo tanto, con lo decidido por el Ejecutivo están riesgo la independencia de poderes, el imperio de la ley y la Constitución.

Peñafiel reiteró que el presidente Daniel Noboa lo que hizo es desconocer, de manera total y absoluta, las facultades legislativas que tiene el poder legislativo, y por otro lado, “es el interés inexplicable que tiene el presidente de la República de poner impuestos a la gente, las familias ecuatorianas están hartas de los impuestos, ya no queremos más impuestos, y lo que pretende el Gobierno contra viento y marea imponer más impuestos”.

El legislador del bloque Construye hizo un llamado a la Asamblea Nacional a tomar una posición política, porque es una disputa política y del Estado, hay que entender que no es correcto que la voluntad y los insignios de una persona se impongan a la mayoría.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna consideró necesario que la Asamblea Nacional refuerce su pronunciamiento a través de los asambleístas para que la ciudadanía tenga claridad de quién defiende el orden constitucional y quién únicamente va por el lado de defender la medida dictatorial.

La intención de la próxima sesión plenaria, añadió, es buscar la manera de cómo suspender los efectos de ‘ley antipillos’, porque en definitiva no se respeta el artículo 140 de la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional para aprobar, observar, negar y archivar un proyecto de ley, así como la ley orgánica de la Función Legislativa, donde se permite el archivo de un proyecto; por lo tanto, dijo que se debe estar atento, porque se habla de que es una ley para combatir la pillería, yo me pregunto “pillería no es acaso deberle al Estado 90 millones de dólares, el que debe y no paga los impuestos como el caso de Noboa y su familia”.

El asambleísta de gobierno Adrián Castro comentó que las dos o tres bancadas de oposición tienen todo el derecho a disentir, así como ADN se opone a muchas cosas absurdas, inconstitucionales y antipatria, pero finalmente será la Corte Constitucional la que se pronuncie y dirima el asunto.

Recalcó que si se hace un análisis legal dentro de la Constitución y se lee con claridad los artículos 226, 425 y 137, así como los artículos 60 y 62 de la ley de la Función Legislativa van a entender, y la Corte Constitucional como organismo que goza de toda la legitimidad “no veo que se va a pronunciar de forma desfavorable”, apuntó.

Castro dijo que se someterán a lo que diga la Corte Constitucional frente a las acciones que implementará la Asamblea Nacional para evitar la vigencia de la ley denominada ‘antipillos’.

El coordinador de la bancada socialcristiana Vicente Taiano anunció que la Asamblea responderá a la decisión del presidente Daniel Noboa de emitir un decreto ley para publicar un proyecto de ley que fue negado y archivado por una mayoría de la legislatura.

La Asamblea deberá presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma y además pedir como medida cautelar la suspensión de los efectos de la ley denominada ‘antipillos’, porque tratándose de una norma tributaria en la que existe este conflicto de poca claridad creará cargas impositivas en perjuicio de los ecuatorianos, la Corte bien podría proceder conforme la ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional lo permite, es decir, suspender los efectos de la norma, mientras dirime.

El sector de oposición prepara el documento y la resolución en la cual basará la acción de inconstitucionalidad de lo actuado por el Ejecutivo, el documento se afianzará en una resolución que se aprobaría el viernes 13 de diciembre en el pleno.