La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 24 de febrero de 2026 la Ley Orgánica de Eficiencia de Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con 77 votos favorables, en un proceso legislativo que generó debate político y social sobre el rol del Estado central respecto al manejo de los recursos municipales y provinciales.
El proyecto de ley había sido presentado por el Ejecutivo como una norma urgente para optimizar el gasto público de los GAD, con el objetivo de racionalizar inversiones, eliminar duplicidades y generar mayores eficiencias económicas, especialmente en contextos de restricciones fiscales y necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos municipales.
Durante el tratamiento en el pleno, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa argumentando que la ley moderniza la gestión financiera de los gobiernos locales, reduce prácticas ineficientes y fortalece la transparencia en la ejecución de los recursos. Indicaron que será una herramienta clave para enfrentar desafíos como la deuda pública, déficit de servicios básicos y la necesidad de articulación intergubernamental.
Sin embargo, la ley también encontró rechazo entre sectores de oposición, organizaciones sociales y varios alcaldes, quienes advirtieron que la normativa puede restringir la autonomía financiera y de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, al establecer parámetros y límites que, según ellos, podrían limitar la capacidad de los municipios para decidir sobre sus prioridades presupuestarias.
Representantes de algunos GAD señalaron que, si bien comparten la necesidad de una gestión de recursos más eficiente, la ley aprobada podría centralizar decisiones estratégicas a favor del Gobierno central y debilitar la descentralización fiscal. Asimismo, expresaron su preocupación por falta de claridad en algunos mecanismos de rendición de cuentas y control, lo que podría generar incertidumbre administrativa.
La aprobación con 77 votos en el pleno refleja un respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional, aunque la discusión social y política en torno a esta legislación se espera que continúe durante su reglamentación y aplicación por parte de los GAD de todo el país.
