La Asamblea Nacional avanzó este 20 de enero de 2026 en el tratamiento de un proyecto de ley que endurece las penas por el uso delictivo de uniformes de instituciones de seguridad pública y tipifica como delito la simulación de funciones de autoridad, durante la sesión 063 del pleno, y la iniciativa fue remitida a la Comisión de Seguridad Integral para su informe de segundo y definitivo debate.
La propuesta, que contiene cuatro artículos, plantea elevar las sanciones actuales previstas en el COIP para quienes usen de forma indebida uniformes e insignias de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas, así como castigar más severamente a quienes, aprovechándose de esa apariencia, efectúen operativos falsos, controles simulados o retenciones ilegítimas que pongan en riesgo a personas, bienes o la confianza institucional.
Cambios clave a la normativa
Usurpación de uniformes e insignias: La pena mínima pasa de 15–30 días de privación de libertad a 30–90 días cuando la persona utilice públicamente uniformes, insignias o distintivos sin autorización estatal para simular autoridad o inducir a error.
Nueva figura penal – “Simulación de autoridad operativa”: Se crea el artículo 364-A del COIP, que sanciona a quien, sin tener facultades, realice falsos retenes, patrullajes o controles, con penas privativas de libertad de 1 a 3 años.
Agravantes:
Si estas conductas derivan en privación real de la libertad de una persona, ingreso no autorizado a inmuebles o daño patrimonial, la pena sube a 3–5 años.
Si las acciones fraudulentas se cometen usando específicamente uniformes de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, la sanción puede llegar a 5–7 años de prisión.
Actualmente, el COIP solo contempla la usurpación de uniformes e insignias como contravención, con una sanción menor que se aplica solo en algunos casos, incluso ante la posibilidad de adquirir uniformes policiales o militares en tiendas o en internet sin requisitos estrictos de control.
Motivación del proyecto
El endurecimiento de penas responde a preocupaciones de seguridad pública tras múltiples denuncias de sujetos que han usado uniformes o insignias oficiales para cometer delitos o confundir a la ciudadanía, lo cual incluso ha generado casos en que delincuentes simulan operativos policiales para robar, extorsionar o controlar rutas y territorios.
Durante el debate, asambleístas, incluidos miembros de Acción Democrática Nacional (ADN), expresaron su apoyo a la iniciativa como una herramienta adicional en la lucha contra la delincuencia organizada y la suplantación de autoridad.
