La Asamblea Nacional continúa con el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como de carácter económico urgente y cuya aprobación final debe concretarse antes del 27 de febrero de 2026. Esta jornada legislativa se desarrolla en el campus de la Universidad Ecotec en Samborondón (Guayas), donde el pleno se reunió para conocer y resolver el segundo informe de la iniciativa remitida por el Ejecutivo.
La convocatoria fue hecha por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien citó a los 151 legisladores al pleno este jueves a las 10:00, con el objetivo de someter la propuesta a segundo y definitivo debate antes de que concluya el plazo constitucional para su trámite.
Qué contiene el proyecto
La iniciativa busca modernizar y reforzar el marco legal que regula las actividades mineras y de energía eléctrica en el país, con el propósito de optimizar la gestión pública y privada, incentivar la inversión, generar ingresos fiscales y divisas, y contribuir a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica nacional.
En materia minera, el texto propone reformas a la Ley de Minería para:
Reforzar la rectoría del Estado y precisar competencias institucionales.
Regular los actos administrativos previos a actividades mineras, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de concesión minera.
Incluir un capítulo sobre fomento de la inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Fortalecer controles ambientales, el régimen de regalías y la regulación de la pequeña minería y minería artesanal.
Respecto al sector eléctrico, el proyecto introduce reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para:
Modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y los llamados distritos autónomos energéticos.
Establecer reglas claras para la participación de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria.
Crear mecanismos como el Mercado de Capacidad, que busca garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Debates y posiciones en la Asamblea
La Comisión de Desarrollo Económico ya aprobó con mayoría (8 votos a favor) el informe para segundo debate del proyecto, que ahora debe ser conocido y votado por el pleno legislativo.
Desde el oficialismo (Acción Democrática Nacional, ADN) y sus aliados se sostiene que la norma no elimina ni debilita los controles ambientales ni modifica la titularidad del Estado sobre estos sectores estratégicos, sino que brinda seguridad jurídica, combate a la minería ilegal y permite atraer inversiones.
Por otro lado, sectores de la oposición y grupos ambientalistas han expresado preocupaciones sobre algunos puntos del proyecto, como la forma en que se definirían los permisos ambientales y el papel de las fuerzas públicas en áreas mineras con “protección de seguridad estratégica”.
