Radio
La Asamblea Nacional aprobó el inicio de un proceso de fiscalización, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, contra las entidades municipales encargadas del tránsito, ante presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares que estarían siendo utilizadas por grupos de delincuencia organizada.
La moción fue presentada por el asambleísta José Luis Nango, exintegrante de Pachakutik y actualmente aliado del oficialismo Acción Democrática Nacional (ADN), durante la sesión plenaria N.º 053. La resolución obtuvo 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención.
Denuncias de irregularidades
Durante su intervención, Nango sostuvo que en varias ciudades del país se han detectado irregularidades en agencias municipales de tránsito, como:
Matriculación ilegal de vehículos
Emisión de placas sin cumplir requisitos
Uso de sistemas para legalizar autos de dudosa procedencia
“No son rumores ni exageraciones, son indicios concretos de que el crimen organizado ha puesto la mirada en estas instituciones”, advirtió el legislador, aclarando que la fiscalización no es una acusación directa contra todos los municipios ni contra todos sus funcionarios.
Debate por competencias legales
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el legislador Alfredo Serrano cuestionó la legalidad del proceso, sosteniendo que la Asamblea no tiene competencias constitucionales para fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
“La Constitución es clara: la Asamblea fiscaliza al Ejecutivo, Judicial, Función de Transparencia y Electoral, no a los GAD. Esa competencia la tienen los concejos municipales y provinciales”, afirmó.
Como alternativa, propuso exigir acciones a la Fiscalía, la Contraloría, la UAFE y la ANT.
Respaldo del oficialismo
Los legisladores de ADN defendieron con firmeza la iniciativa. Adrián Castro afirmó que el país no puede “hacerse de la vista gorda” frente a estos indicios.
Sus coidearios Isaac Solano, Alejandro Lara y Diego Franco coincidieron en la urgencia de determinar responsabilidades.
Lara recordó que en octubre, durante un operativo en Durán, se incautaron 22.000 especies de tránsito falsificadas provenientes de 27 agencias municipales, relacionadas con la banda criminal Chone Killers. También mencionó el asesinato del director de Tecnologías de la ANT en Quito semanas después.
“El crimen organizado ha logrado infiltrarse en estructuras municipales de tránsito”, afirmó.
Postura del correísmo
Desde la Revolución Ciudadana (RC), también se cuestionó la legalidad del procedimiento.
Juan Pablo Molina recalcó que la Asamblea estaría extralimitando funciones; Alejandro Vanegas pidió que los casos vayan directamente a la Fiscalía; y Blasco Luna aclaró que su bancada respalda la lucha contra el crimen, pero sin vulnerar la ley.
“Siempre usan la inseguridad para justificar fiscalizaciones, pero debemos concentrarnos en salud, educación y seguridad”, expresó Molina.
Advertencia desde los independientes
El asambleísta independiente Juan Gonzaga criticó la constante modificación del orden del día en las sesiones y alertó sobre el riesgo de caer en arbitrariedades institucionales.
“Los consejos municipales y provinciales son los que deben fiscalizar sus propias entidades”, puntualizó.
Resultado final
Tras más de dos horas de debate, el pleno aprobó la fiscalización con:
✅ 83 votos a favor
❌ 64 votos en contra
⚪ 1 abstención
