El caso Goleada, un proceso judicial de alto perfil en Ecuador, mantiene al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, bajo prisión preventiva tras ser detenido el 10 de febrero de 2026 en una investigación por presunta delincuencia organizada y defraudación tributaria.
La defensa del alcalde presentó un oficio el 27 de febrero solicitando que Álvarez pueda asistir de forma presencial a la audiencia de apelación de la medida cautelar que se llevará a cabo este lunes 2 de marzo en la sede de la Corte Provincial de Pichincha. En ese documento, la defensa pidió que se oficie al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) para gestionar su traslado desde la cárcel de Cotopaxi hasta Quito.
Álvarez fue trasladado a prisión tras la audiencia de formulación de cargos en la que un tribunal dictó la medida cautelar, y desde entonces permanece recluido mientras avanza la investigación formal.
Además del alcalde, sus hermanos Antonio y Xavier, así como otros involucrados como César Bravo y Fernando Peñaherrera, también solicitaron la revocatoria de la prisión preventiva, y sus recursos se analizarán en la misma audiencia del 2 de marzo.
La audiencia de apelación es considerada determinante, porque de prosperar el pedido Álvarez podría recuperar la libertad y defenderse en libertad en las siguientes etapas del proceso. En caso contrario, la prisión preventiva se mantendría mientras se desarrollan otras diligencias judiciales como la audiencia de juicio prevista para el 7 de marzo en el denominado caso Triple A, otro proceso en el que también figura Álvarez y otras personas por hechos relacionados con presunta comercialización ilegal de combustibles.
En la antesala a la audiencia, la familia de Álvarez ha expresado su posición pública. Su madre dijo que sus hijos “no están presos por ladrones ni criminales”, y pidió que se respete el derecho a un proceso justo y a la libertad mientras se desarrolla el juicio.
El caso Goleada, por su magnitud y la participación de figuras públicas relevantes, ha generado amplio debate político y mediático en Ecuador, con sectores que ven en este proceso un juicio a la corrupción y otros que critican su desarrollo atribuyéndolo a motivos políticos.
