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Autoridades locales —incluidos los alcaldes de Quito y Cuenca, Pabel Muñoz y Cristian Zamora respectivamente, y los prefectos de Pichincha y Azuay, Paola Pabón y Cristóbal Lloret— se reunieron en Quito para analizar la propuesta de reforma al COOTAD impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, la cual fue enviada a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente.
Los líderes seccionales coincidieron en que el proyecto —que plantea cambios en la forma como se ejecutan y clasifican presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)— podría tener efectos negativos sobre la inversión social y programas clave.
Señalamientos de los alcaldes y prefectos
Una de las principales preocupaciones radica en que la ley obligaría a los GAD a destinar hasta el 70 % de su presupuesto a inversión en infraestructura y servicios públicos, dejando menos flexibilidad para gastos corriente que respaldan programas de salud, educación, cultura, deporte y atención a grupos vulnerables.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó la propuesta como con “indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad” y cuestionó su urgencia, considerando que la aplicación de cambios estructurales no necesariamente requiere del carácter urgente que plantea el Ejecutivo.
Para el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, si se aprueba la normativa en los términos actuales se pondrían en riesgo programas sociales esenciales y se limitaría la capacidad de los municipios para atender necesidades como centros de desarrollo infantil, servicios de salud locales y proyectos comunitarios.
Impacto proyectado según autoridades locales
Representantes de los GAD parroquiales también se sumaron a la voz de alerta, señalando que la reducción de recursos para gastos no directamente vinculados a obra física afectaría programas de prevención de violencia de género, actividades culturales y servicios sociales, entre otros.
Además, los dirigentes locales advirtieron que el proyecto puede tener efectos adversos en la planificación de obras barriales y mingas comunitarias, ya que al priorizar la infraestructura sobre el gasto corriente se reduciría la flexibilidad financiera de los gobiernos locales para responder a las necesidades inmediatas de los ciudadanos.
Reacción y próximos pasos
Frente a estas inquietudes, los alcaldes, prefectos y representantes parroquiales han planteado la necesidad de abrir espacios de diálogo con el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para revisar el contenido de la reforma, así como una posible acción legal si el texto final vulnera la autonomía y funciones de los GAD.
El debate sobre esta propuesta se encuentra en desarrollo en la Asamblea Nacional, donde se definirán los siguientes pasos legislativos y si se mantiene o modifica el carácter de urgencia de la ley.
La propuesta de reforma al COOTAD del Gobierno ha generado una alerta entre alcaldes, prefectos y organismos parroquiales, que sostienen que la normativa tal como está planteada podría afectar la ejecución de proyectos sociales y servicios públicos locales, especialmente en áreas sensibles como salud, educación y atención a grupos vulnerables.
