Radio
El 28 de enero de 2026, la Fiscalía notificó a ocho personas sobre la apertura de una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en un proceso conocido mediáticamente como Caso Caja Chica. La indagación se concentra en el posible ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Entre los notificados figuran figuras políticas relevantes como:
Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Andrés Arauz, excandidato presidencial y exsecretario de la RC.
Bibian Hernández, abogada en libre ejercicio.
Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Economía y Finanzas.
Luisa González, excandidata presidencial de la RC en 2023.
Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha y exgerente de TAME.
Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.
Sin embargo, al menos cinco de estos ocho investigados no estarían de forma permanente en Ecuador: Correa reside en Bélgica, Arauz vive en México con estatus de refugiado, y tanto Hernández como los exministros Rivera y Herrera se estima que permanecen fuera del país.
Hechos y medidas realizadas
La investigación se inició tras una denuncia reservada que alertó sobre la entrada de dinero en efectivo desde Venezuela con presunta relación a financiamiento ilegal de campaña, motivo por el cual el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, notificó a los ocho implicados.
Un día después de la notificación, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos en viviendas de algunos de los investigados, entre ellos Luisa González y Patricio Chávez, tanto en Pichincha como en Guayas.
Además de esta investigación por lavado de activos en el marco de delincuencia organizada, otras personas vinculadas a la causa como Santiago Díaz Asque se han acercado a la Fiscalía para rendir versiones en el caso, aunque algunos defensores han cuestionado la credibilidad y consistencia de esas declaraciones.
Contexto político y judicial
El caso Caja Chica se suma a otros múltiples procesos judiciales que involucran a figuras de la Revolución Ciudadana y exfuncionarios de la administración anterior, incluyendo investigaciones por lavado de activos y otros delitos conexos, como las pesquisas que en años recientes han alcanzado a dirigentes y exfuncionarios del correísmo.
Las actuaciones de la Fiscalía en este contexto han generado reacciones de sectores políticos que lo califican como una presunta persecución, mientras que las autoridades señalan la necesidad de esclarecer posibles hechos delictivos vinculados a financiamiento ilícito de actividades políticas.
