La bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la legisladora Diana Jácome, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que plantea que los delitos de terrorismo y delincuencia organizada sean imprescriptibles, tanto en la acción penal como en la ejecución de la pena.
La iniciativa propone una modificación al numeral 4 del artículo 16 del COIP, incorporando un inciso final que establece que no prescribirán los delitos de terrorismo y su financiación, así como los de delincuencia organizada cuando estos tengan como finalidad la comisión de delitos graves, entre ellos el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, y lavado de activos.
Al presentar la propuesta, la legisladora Diana Jácome señaló que la bancada ADN es consciente de la realidad que atraviesa el país y de las exigencias ciudadanas frente al avance del crimen organizado, por lo que la reforma busca evitar que quienes cometan estos delitos eludan la justicia huyendo del país.
“Si regresan, serán detenidos; y si se esconden, serán perseguidos internacionalmente”, sostuvo la asambleísta, al defender la imprescriptibilidad como una herramienta clave para fortalecer la acción del Estado frente a estructuras criminales complejas.
De acuerdo con el razonamiento expuesto por la bancada, la reforma tendría impactos determinantes en la política criminal, al permitir investigaciones más completas, reducir las oportunidades para que líderes y miembros de organizaciones delictivas evadan la justicia por el paso del tiempo, y reforzar la capacidad sancionadora del Estado frente a delitos que socavan la institucionalidad democrática.
En cuanto a las víctimas, el proyecto busca garantizar el acceso sostenido a la verdad y a la justicia, evitando que la prescripción impida el esclarecimiento de los hechos. Además, se considera que la reforma tendrá un efecto de prevención general, al enviar un mensaje normativo claro sobre la imposibilidad de eludir la responsabilidad penal en delitos de especial gravedad.
En el plano internacional, la propuesta también apunta a fortalecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, alineando la legislación nacional con estándares y acuerdos internacionales.
