La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional —controlada por la bancada oficialista ADN— aprobó este martes un proceso de fiscalización al concurso de selección y designación del Fiscal General del Estado que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La iniciativa fue presentada por el asambleísta Jorge Chamba (ADN) y aprobada con seis votos de legisladores oficialistas. En contraste, tres asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y uno del Partido Social Cristiano (PSC) optaron por abstenerse, alegando que el proceso debería contar con una motivación más clara o un mandato formal previo.
Durante la sesión, no se especificó si la fiscalización se orienta únicamente a la composición de la comisión ciudadana de selección del concurso o a todo el proceso en general, el cual aún no ha iniciado sus etapas de oposición y méritos. El concurso, que busca seleccionar al próximo Fiscal General del Estado, es conducido por una comisión integrada por representantes ciudadanos y delegados de funciones públicas, aunque la conformación plena de ese grupo enfrenta ajustes y retrasos.
En la reunión también se produjo un altercado verbal entre la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), y el asambleísta Blasco Luna (RC), luego de que este último cuestionara la legitimidad del proceso de fiscalización por considerar que “debe estar debidamente motivado” conforme a procedimientos parlamentarios.
Este movimiento se produce en un contexto en el que el CPCCS ha avanzado con la posesión de algunos comisionados que integrarán la comisión ciudadana de selección del fiscal general, aunque aún se ajustan delegados de la Presidencia de la República y de la Asamblea, lo que ha generado discusiones sobre transparencia y legitimidad del concurso.
Desde el sector de oposición, especialmente la bancada correísta, se ha previsto que otra comisión legislativa analice el proceso bajo criterios distintos, en paralelo a la fiscalización promovida por el oficialismo, lo que podría intensificar el debate político sobre cómo se elige a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
