La defensa de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y procesado en el denominado caso Goleada, presentó un oficio al juez a cargo del proceso para que se considere la recomendación original de trasladarlo a la Cárcel 4 de Quito, oficialmente el Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha N.º 2.
Álvarez y otros cuatro procesados —sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, además de Fernando P. y César B.— recibieron prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos por presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria dentro del caso Goleada. El juez que conoció la causa sugirió en su resolución que los implicados cumplan su medida cautelar en la Cárcel 4 de Quito, pero dejó la decisión final al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tras evaluar el riesgo y circunstancias particulares de cada procesado.
A pesar de esa recomendación judicial, Álvarez fue trasladado al centro penitenciario de Latacunga, mientras que sus hermanos y los otros dos implicados fueron enviados a la prisión de Turi en Cuenca. La defensa legal, representada por el abogado Ramiro García, expuso que la recomendación “no ha sido tomada en cuenta” por el SNAI.
En su escrito, la defensa argumentó que la alta exposición mediática del caso, el impacto político que ha generado y las condiciones institucionales de los procesados constituyen “factores objetivos que aumentan la probabilidad de amenazas, presiones o eventuales atentados contra su integridad física o psicológica”, por lo que sostienen que su ubicación en la Cárcel 4 de Quito —un centro penitenciario considerado más seguro y con mejores condiciones de resguardo— sería más apropiada.
El documento no cuestiona la prisión preventiva en sí, sino la decisión sobre el lugar de cumplimiento de la medida cautelar, buscando que el tribunal y el SNAI revisen el traslado y actúen conforme a la recomendación judicial inicial. La apelación a la prisión preventiva dictada también fue admitida a trámite por un juez recientemente, y se sigue el proceso legal que determinará próximos pasos en este complejo caso judicial.
La situación mantiene en alerta a sectores políticos y de opinión pública, dada la relevancia del caso Goleada y las implicaciones que la ubicación de los procesados puede tener en términos de seguridad, logística carcelaria y percepción ciudadana.
