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En el contexto de la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada, el abogado defensor de Aquiles Álvarez, Ramiro García, cuestionó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado y aseguró que estos no constituyen evidencia de conductas delictivas.
García sostuvo que los registros e indicios recabados, incluidos chats y comunicaciones encontradas en dispositivos electrónicos de los procesados, corresponden únicamente a interacciones empresariales legítimas entre directivos y funcionarios dentro del sector de distribución de combustibles, sin elementos que indiquen actividades ilícitas vinculadas a lavado de activos o asociación ilícita.
Argumentos de la defensa
Según el abogado, la Fiscalía no habría presentado montos específicos ni evidencias financieras sólidas que respalden la acusación de lavado de activos, y las comunicaciones analizadas —como intercambios laborales— serían propias del funcionamiento normal de empresas del sector. Por ello, García enfatizó que los indicios fiscales deberían ser interpretados como actividades empresariales ordinarias, no como pruebas de un esquema criminal.
Además, el defensor explicó que, de acuerdo con la lógica del mercado, las empresas comercializadoras no venden directamente al consumidor final, sino que operan como intermediarias dentro de la cadena de distribución, lo que, a su juicio, contradice la narrativa presentada por la Fiscalía sobre una comercialización irregular de combustibles.
Contraste con la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado, por su parte, solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, incluido Álvarez, basándose en indicios relacionados con un “entramado societario complejo” que, según la entidad, podría haber facilitado actividades de lavado de activos y defraudación tributaria en el marco del negocio de combustibles.
Los argumentos de la defensa representan un contraste directo con la posición fiscal, que asegura que existen suficientes elementos de convicción para justificar medidas cautelares más estrictas, como la prisión preventiva para la mayoría de los implicados.
La defensa técnica de Aquiles Álvarez calificó los indicios presentados por la Fiscalía como simple evidencia de actividad empresarial habitual, y no como pruebas de delitos, una postura que forma parte de la estrategia legal de los procesados en la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada. La decisión del juez sobre las medidas cautelares sigue pendiente.
