La abogada Sonia Vera, defensora del exvicepresidente Jorge Glas, denunció que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), adscrito a la Defensoría del Pueblo, no ha actuado pese a la advertencia formal presentada el 13 de noviembre, donde se alertó sobre un “riesgo grave e inminente” para la vida y la integridad del exfuncionario.
Ese día, la defensa ingresó una acción urgente, señalando que las actuales condiciones de Glas vulneran las Reglas Mandela y desconocen las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según Vera, en la cárcel se estaría configurando un “escenario extremo”, que incluye traslado arbitrario, aislamiento prolongado, cortes de agua potable nocturnos, restricciones de agua filtrada, falta de atención médica especializada, uso “descontrolado” de polifarmacia, ausencia de monitoreo clínico y la interrupción de su tratamiento psiquiátrico y neurológico.
Estas condiciones, aseguró, podrían constituir trato inhumano o incluso tortura.
La abogada cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el MNP no ha ingresado al centro penitenciario, no ha emitido informes ni ha activado una visita in situ, a pesar de que su mandato legal exige actuar de manera inmediata en contextos de riesgo.
“La ley es clarísima. El MNP no pide permiso, no consulta, no coordina con el ministro del Interior. Debe ingresar de inmediato”, insistió Vera.
La defensa recordó que el Ministerio de Salud, peritos internacionales y estándares de la OMS, la APA y las Reglas Mandela han indicado que Glas enfrenta un riesgo de muerte inminente si no recibe atención médica adecuada.
Para Vera, la inacción del MNP “compromete la responsabilidad del Estado” y revela una presunta subordinación de la Defensoría del Pueblo al poder político.
Esto ocurre días después de que el Gobierno ordenara el traslado a la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, de los 300 presos catalogados como más peligrosos, entre ellos Glas, pese a que el centro penitenciario aún está a un 40 % de avance.
Jorge Glas, figura clave en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), mantiene actualmente tres condenas por delitos de corrupción.
