A los 9 años del 30-S, los procesados siguen en busca de justicia A los 9 años del 30-S, los procesados siguen en busca de justicia
Se cumplen 9 años del 30-S, el día en que una revuelta policial, en rechazo a las reformas a la Ley de Servicio Público,... A los 9 años del 30-S, los procesados siguen en busca de justicia

Se cumplen 9 años del 30-S, el día en que una revuelta policial, en rechazo a las reformas a la Ley de Servicio Público, que según los uniformados perjudicaba sus estímulos económicos, fue usado por el Gobierno de Rafael Correa para posicionar la idea de que se trató de un intento fallido de golpe de Estado.

A raíz de esa fecha se iniciaron decenas de procesos judiciales para encontrar a los supuestos culpables. Varios ciudadanos fueron detenidos y sentenciados. Un informe de la ‘Mesa por la verdad y la justicia: Perseguidos políticos, nunca más’ establece que el 30-S dejó cinco fallecidos, 1.500 procesados, 1.200 bajas forzadas y 14.000 sanciones disciplinarias administrativas.

“El hecho fue aprovechado políticamente para reforzar la construcción del Estado autoritario, mediante el cual se desarrolló una intensa e implacable persecución a quienes fueron calificados de golpistas”, dice el informe.

La Mesa documentó varios casos de persecución, como el de los policías que ese día estuvieron asignados a la Asamblea, los de la central de radio patrulla, policías de otros destacamentos, de la Base Aérea, de ciudadanos que se ubicaron en los exteriores de Ecuador TV, entre otros.

Quienes se vieron inmiscuidos en estos procesos judiciales realizarán hoy un plantón frente al Consejo de la Judicatura, en Quito, y serán recibidos en audiencia por sus autoridades. Buscan que el Consejo remueva a los jueces que intervinieron en los casos del 30-S, “por haber sido instrumentos del Ejecutivo para la persecución política”.

Diario La Hora presenta los testimonios de Paúl Jácome, de los Tres de Cotopaxi, sentenciado por la toma de las instalaciones de la gobernación de Cotopaxi; y de la maestra Mery Zamora, sentenciada por supuestamente incitar a los estudiantes del colegio Aguirre Abad de Guayaquil, quienes cuentan cómo les afectó en lo personal y familiar el verse involucrados sin justificación en ese hecho