Ecuador

Ivonne Núñez podría ser destituida de su cargo de jueza tras fallo de la Corte Constitucional

La exministra del Trabajo del Gobierno de Daniel Noboa y actual jueza de la Corte Provincial del Guayas, Ivonne Núñez, podría enfrentar una posible destitución, luego de que la Corte Constitucional (CC) determinara que incurrió en un error inexcusable al conceder una acción de protección que benefició a una empresa privada en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Corte Constitucional, quienes concluyeron que Núñez y el juez Francisco Morales cometieron una infracción gravísima, al otorgar una acción de protección en un proceso que no correspondía a la defensa de derechos constitucionales, sino a una disputa de carácter económico.

De acuerdo con el fallo, los jueces desnaturalizaron el uso de la acción de protección, al aplicarla en un litigio patrimonial entre una empresa privada y la Empresa Pública Correos del Ecuador, lo que derivó en un perjuicio económico para el Estado. Para la Corte, esta actuación configura un error inexcusable que amerita la aplicación de sanciones.

Tras conocerse el pronunciamiento, Ivonne Núñez rechazó la resolución y aseguró que se trata de una decisión de carácter político. “Es un mensaje directo y político al presidente Daniel Noboa. Si lo podemos hacer con ella, que fue tu ministra del Trabajo, podemos hacerlo contigo. Están engranando toda una estrategia para buscar el incumplimiento de funciones del presidente de la República”, manifestó.

La jueza también vinculó este caso con otras sentencias emitidas por la Corte Constitucional, como aquellas que ordenaron al Ejecutivo avanzar en la explotación petrolera en el Yasuní y conformar una comisión interinstitucional de seguridad, decisiones que —según afirmó— no han sido cumplidas por el Gobierno.

La declaratoria de error inexcusable no implica de manera automática la destitución de Núñez; sin embargo, habilita el inicio de un proceso disciplinario. El expediente será remitido al Consejo de la Judicatura, entidad que deberá analizar el caso y determinar las sanciones correspondientes, que podrían incluir la separación del cargo.

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